La medida, adoptada al negar una prórroga de solo 20 días solicitada por la fiscalía para cerrar la etapa probatoria, no solo dejó en un estado de total vulnerabilidad a la víctima, sino que volvió a poner bajo la lupa la actuación y el nivel de influencia de las fuerzas de seguridad en la causa.
En diálogo con nuestro medio, la abogada querellante Mariana Vargas fue contundente al señalar que el acusado —quien se desempeñaba en la división de inteligencia de la PFA— cuenta con un respaldo institucional orientado a garantizar su impunidad.
Según reveló la letrada, durante la investigación personal uniformado de la Policía Federal se apersonó directamente en el domicilio de la madre de la menor para transmitirle que un superior "quería hablar con ella para ver cómo resolvían la situación".
El historial de intimidaciones y hostigamiento que rodea al caso es de extrema gravedad. Antes de esta polémica resolución, la familia de la adolescente ya había denunciado amenazas de muerte, el desvalijamiento de su vivienda y el uso no autorizado de teléfonos celulares por parte del efectivo mientras permanecía alojado en la comisaría. La situación escaló a tal punto que las víctimas debieron contratar seguridad privada por sus propios medios.
La liberación inmediata del imputado revivió las alarmas: a escasas horas de haber abandonado la celda para trasladarse a su nuevo domicilio fijado en Tilcara, la familia de la menor comenzó a recibir llamados sospechosos desde Buenos Aires. "Estamos ante un sargento que trabajaba en inteligencia y que tiene una fuerza de seguridad que lo apaña", advirtió Vargas, remarcando el riesgo de coacción a los testigos —entre los que se encuentran los propios hijos del acusado— y el entorpecimiento de la etapa final antes del juicio oral.
Pese a que la causa cuenta con pruebas contundentes como grabaciones de los ataques, el resultado de la Cámara Gesell y la acreditación de que la víctima y su madre contrajeron una enfermedad de transmisión sexual tras los abusos, el efectivo esperará el avance del proceso en libertad mientras tramita su retiro.
Frente a este panorama de indefensión, la querella interpondrá un recurso de impugnación urgente para reponer la prisión preventiva, mientras que la familia y la Multisectorial de Mujeres convocan a una marcha este lunes a las 18 en Plaza Belgrano.
