Desde la selectiva persecución a funcionarios de gestiones anteriores, hasta el amedrentamiento a periodistas, como el episodio ocurrido con Jujuy Investiga, en septiembre de 2.019, cuando el Ministerio Público de la Acusación, que conduce Lello Sánchez, intimidó de manera expresa y por escrito, a la empresa Radio Visión Jujuy SA, o el caso de FM LA ROCA, además de los constantes ataques a la libertad de informar y ser informados. Hechos que ya generaron sendos comunicados por parte de ADEPA y FOPEA.
Desde hace un tiempo a la fecha el diario El Tribuno de Jujuy, cuyo propietario es Rubén Armando Rivarola, se encuentra propagando información relacionada con una causa inventada en contra de Natalia Cammuso reflejando en ese medio una cantidad desproporcionada de información falsa relacionada con el trámite del expediente con la indisimulable intención de generar una idea falsa de su participación en un delito inventado.
Con ese instrumento mediático y el armamento estatal de persecución en el que se ha convertido el Ministerio Público Fiscal se pretende perseguir y acallar a este medio periodístico por el simple hecho de no estar de acuerdo con las tropelías llevadas a cabo por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones.
Pero la cosa ha llegado a mayores ya que se comenta en los pasillos de tribunales que este aparato de persecución intentará encarcelar a Natalia Cammuso con el fin de lograr su cometido, es decir, que este medio periodístico independiente no siga con la crítica de la que se ha hecho merecedor el actual gobierno con la cantidad de maniobras realizadas en perjuicio de todos los jujeños.
Ya el juez interviniente, ante un pedido desproporcionado y ejerciendo correctamente el rol de juez, rechazó un pedido de allanamiento infundado de la fiscalía de Lozano, señalándole que debía adecuar la imputación por la inexistencia del delito de amenazas de la que se la acusa a Cammuso.
Se dice por ahí, que la maniobra que intentarán se llevará a cabo con otro juez que acceda a los pedidos desproporcionados e infundados del fiscal actuante. Es decir cuando el magistrado que actúa se ausente por la feria judicial!!
De ser esto cierto, y tenemos motivos para señalarlo ante la cantidad de casos de amedrentamiento sucedidos desde hace un tiempo, como los casos Martí Coll, Cruz, Matías Puca, Iara Rueda o Cesia Nicole Reinaga, estaríamos en presencia de un atentado flagrante a la libertad de prensa, observada solo en los gobiernos totalitarios que pretenden una sola opinión, favorable al régimen de turno.
Con la complicidad del diario El Tribuno, propiedad del Diputado Rivarola, quien además de ser diputado, es empresario contratista del Estado (no se entiende cómo la oficina anticorrupción ni consulta sobre esto), se viene utilizando una causa penal armada a medida de los intereses del gobierno, para responsabilizar a Natalia Cammuso por la muerte de una mujer que trabajaba en un call center, por COVID.
Además de ser realmente lamentable el descaro del gobierno, de los Fiscales, y del Diario El Tribuno, al responsabilizar a la empresaria por una muerte por COVID, cuando sabemos que la gestión de la pandemia fue vergonzosa, y que incluso hasta se sospecha que los primeros casos fueron como consecuencia de viajes a Bolivia de personal del Ministerio de Seguridad, llama poderosamente la atención, que se intente disciplinar a Cammuso, quien es crítico de la gestión de Morales.
La gestión de Morales se destaca por el autoritarismo de sus miembros, particularmente ejecutado por Sergio Lello Sánchez, que hace de verdugo del gobernador, por lo que cabe preguntarse, ¿qué pasa con el pedido de intervención federal de la justicia provincial?
Gerardo Morales está molesto con los medios que lo critican, y va a perseguir a sus integrantes o -lo que es más grave-, a los familiares de estos, para acallarlos. ¿Intentará encarcelar a Natalia Cammuso de cualquier forma, para así amedrentar a los medios de la empresaria y además dar el ejemplo para que todos “aprendan”?