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La Corte ordenó al Gobierno hacer públicos los resultados de las pruebas Aprender y Enseñar

El máximo tribunal hizo lugar al reclamo de un ciudadano que había solicitado conocer los datos de las evaluaciones realizadas en Salta durante 2016 y 2017.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó al Poder Ejecutivo Nacional hacer pública la información sobre los resultados correspondientes a todos los establecimientos educativos o instituciones de la provincia de Salta que participaron de los Operativos Aprender y Enseñar 2016 y 2017.

“La información pertenece a las personas: no es propiedad estatal y el acceso a ella no se debe a una gracia o favor del gobierno”, sostuvo el máximo tribunal al hacer lugar a la acción de amparo de un ciudadano que reclamaba esos datos.

El fallo fue firmado por los jueces Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti y los conjueces Carlos Vallefín (La Plata) y Juan Perozziello Vizier (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de la Capital Federal). En minoría, Carlos Rosenkrantz votó por rechazar el pedido.

El pedido

En 2019, Rafael Aurelio Argañaraz Olivero promovió una acción de amparo de acceso a la información pública contra el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación. Reclamó la entrega de “la totalidad de los Reportes de Resultado correspondientes a todos los Establecimientos Educativos o Instituciones de la Provincia de Salta que hayan participado de los Operativos Aprender y Enseñar 2016 y 2017”.

Solicitó también la documentación por considerarla información pública, pero la Secretaría de Evaluación Educativa le respondió que estaba impedida de entregarla por tratarse de información obtenida con carácter confidencial y le ofreció resultados desagregados hasta el nivel municipal.

El Estado Nacional se opuso a la demanda. Insistió en el carácter confidencial de la información para resguardar los derechos de estudiantes, docentes y directivos. Argumentó que con esos datos se podía elaborar un ranking de escuelas y establecimientos, “no solo por los resultados de la evaluación sino también por la condición de migrantes, indígenas, pobres y analfabetos” de los alumnos o sus familias, lo que llevaría a una estigmatización.

En primera instancia se rechazó el amparo. La Cámara Federal de Salta revocó esa sentencia y ordenó al Ministerio brindar los resultados, sin excepción, sin que ello implique revelar datos particulares de los alumnos o los docentes. El Estado apeló y la Corte confirmó que debía entregar la información solicitada.

FUENTE: TN

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