El Gobierno nacional avanzó esta noche con el cierre definitivo del Instituto Nacional Contra la Discriminación, el Racismo y la Xenofobia (INADI) mediante la publicación en el Boletín Oficial de un decreto que dispuso su extinción como organismo. Sus funciones serán reabsorbidas por áreas del Ministerio de Justicia.
El Gobierno oficializó el cierre definitivo del INADI
El vocero presidencial, Manuel Adorni, lo había adelantado en las redes sociales: el organismo "dejará de existir para siempre", dijo. La disposición ya fue fijada en el Boletín Oficial.
La confirmación de la eliminación del INADI fue adelantada la noche del lunes por parte del vocero presidencial, Manuel Adorni, quien en su cuenta de la red social "X" publicó: "Faltaba su muerte administrativa: mañana el INADI habrá dejado de existir para siempre. Fin".
La medida era una de las promesas de campaña del presidente Javier Milei. Su concreción llega nueve meses después de haber asumido el Gobierno en diciembre del año pasado.
Los motivos que dio el Gobierno para el cierre del INADI
A través del Decreto 696/2024, publicado el día lunes en el Boletín Oficial, el Gobierno dispuso el cierre del INADI. En el mismo documento, la administración libertaria explicó los diversos motivos por los que consideró necesario el cierre del instituto.
En primer lugar, el texto expreso que "la nación Argentina no admite prerrogativas de sangre ni de nacimiento; todos sus habitantes son iguales ante la ley y gozan de protección contra toda forma de discriminación". También recalcó que la "Constitución Nacional" se encarga de promover "medidas de acción positiva con el fin de garantizar la igualdad real de oportunidades y de trato, como así también el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos constitucionalmente".
Sobre el funcionamiento del Instituto, el documento detalló que "la experiencia recogida" en las sucesivas intervenciones del INADI, efectuadas por distintas administraciones de diversos signos políticos, demostraron que "el estado de ineficiencia e incumplimiento de sus finalidades y acciones evidencian que el diseño organizacional adoptado no resulta idóneo para alcanzar los objetivos constitucionales en la materia".
Por otro lado, desde la gestión libertaria también aseguraron que las nuevas autoridades del organismo produjeron un "informe de relevamiento de diferentes áreas", en las cuales observaron; "graves irregularidades en la contratación de personal, arrendamiento de inmuebles y utilización de recursos; sobredimensionamiento excesivo de la estructura funcional; retrasos injustificados en la solución de denuncias y expedientes administrativos e ineficacia e ineficiencia en la obtención de resultados concretos vinculados a la materia de su competencia".
Cabe destacar que el oficialismo tuvo en la mira, desde un inicio, el cierre del INADI. Ya en febrero - a poco más de dos meses de asumir - , Adorni había anunciado que se iba a "avanzar con el cierre definitivo" del Instituto.
El Decreto también argumentó "que el Instituto no cuenta con registros fidedignos ni de sus actividades ni de ninguno de los pagos de haberes efectuados previo a diciembre de 2023". Además, siguiendo esta línea, también aseguraron que "la gestión de los contratos de locación de inmuebles, así como el pago de los distintos servicios y gastos operativos, ha sido tardía e ineficiente y su incumplimiento importa para el ESTADO NACIONAL la asunción del pago de intereses periódicos en perjuicio del Tesoro Nacional".
Además, desde el gobierno de Javier Milei afirmaron que "el análisis de la última gestión reveló la existencia de, aproximadamente, siete mil setecientas ochenta y ocho (7788) actuaciones administrativas, generadas desde el año 2016, sin resolver". Por último, también determinaron que "las campañas de sensibilización y capacitación ejecutadas no cuentan con el correspondiente expediente administrativo ni documentación de respaldo."
Así el documento, firmado por Milei, Francos y Cúneo Libarono, justificó la medida del gobierno libertario. De esta manera, finalmente, las funciones y recursos del instituto serán transferidos a la cartera del Ministerio de Justicia.