- La emergencia contribuyó a la falta de transparencia en el uso de fondos públicos.
- El gobierno autorizó compras directas por decreto.
- Los ministerios son reticentes a informar en detalle a la opinión pública.
El gobierno asegura haber invertido $200 millones en salud
Lo afirmó el ministro Gustavo Bouhid; por la pandemia, se autorizaron contrataciones directas sin detalle de lo que se compra, a quiénes ni a qué precio.
El gobierno de Jujuy ha adoptado como mecanismo exponer actos administrativos en donde da indicios de lo que hace con los dineros públicos, pero no llega a brindar explicaciones acabadas.
El ministro de Salud Gustavo Bouhid ofreció una conferencia de prensa el miércoles por la mañana, en donde dijo que el gobierno lleva invertidos más de 200 millones de pesos en el equipamiento del sistema sanitario, es decir, en infraestructura, compra de insumos y contratación de personal.
Sostuvo que, salvo por 16 respiradores artificiales “y algo de elementos de protección personal” recibidos desde la administración nacional, todo ha sido inversión en base a recursos de la provincia.
Rastrear el detalle de la inversión global para conocer cómo administra la gestión provincial es un tanto más complejo.
En un parte de prensa del 13 de mayo, el gobierno había informado que los tests PCR que detectan la presencia de COVID 19 en el organismo, mas tests rápidos, más equipamiento, les habían costado a todos los jujeños 1.400.000 dólares.
El decreto 761-S/2020 del 9 de abril, publicado en el Boletín Oficial el gobierno le puso precio a los tests PCR: 4.000 pesos.
Sin embargo, en un decreto posterior, el 802-S/2020 del 6 de mayo, el gobierno cambió el precio de los tests PCR y los valuó esta vez en 6.000 pesos.
En ninguno de los dos casos se exhibe un dato elemental: cuántos tests adquirió el gobierno, de qué tipo y cuál es el resto del equipamiento.
La gestión local elige de forma discrecional a quienes les cobra y cuánto por esos tests, -“según la cara del cliente”- pero no existe documentación clara que muestre voluntad de informar cabalmente a la ciudadanía el costo real de ese insumo crítico.
El gobernador Morales aseguró haberlos comprado de Corea y China, sin brindar mayores precisiones.
Además, el monto sólo de la compra señalada – 1.400.000 dólares -, al tipo de cambio oficial representa cerca de $100.000.000, por lo que sólo los tests habrían insumido la mitad de los $200.000.000 informados por Bouhid durante la conferencia de prensa.
Otro decreto firmado por el gobernador Gerardo Morales con anterioridad, el 740-S/2020 del 16 de marzo, autoriza al ministerio de salud a realizar contrataciones directas a partir de la urgencia que supone la pandemia.
De manera que todos los otros gastos, que son visibles en instalaciones repartidas en toda la provincia, aparecen sólo en expedientes que guarda el ministerio de salud, sin que nadie lo exponga.
La ley 4.958, de administración financiera, en su artículo 103, le impone al gobierno la implementación de una red de control interno, a cargo de la figura del auditor provincial, quien tendría el deber de informar periódicamente a la opinión pública, inquietudes como las que aquí se exponen. Esa figura nunca fue implementada.
La ley 5.153, de ética pública, en tanto, en su artículo 3 inciso 5, le impone a los funcionarios la obligación de documentar todos los actos de gestión y promover la publicidad de los mismos garantizando la transparencia.
La implementación defectuosa de estos artículos o su omisión lisa y llana, es en definitiva falta de transparencia.
Las inversiones, cabe aclarar, pueden observarse en los hospitales de campaña, en las remodelaciones de los Hospitales Pablo Soria y San Roque. Están a la vista.
Un gobierno que se autodefine como transparente y de datos abiertos, debe explicar, además, cómo gasta, a quiénes les compra y cuánto paga por lo que adquiere, en definitiva, con dinero público.