El Gobierno acatará el fallo judicial que ordenó mantener vigente el programa Volver al Trabajo, aunque en paralelo avanzará con una apelación para intentar revertir la medida. La decisión implica sostener, por ahora, el esquema de transferencias que alcanza a más de 900 mil beneficiarios, con un ingreso mensual de $78.000, pese a que el Ministerio de Capital Humano había diseñado una reformulación del sistema.
La resolución fue dictada por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, quien hizo lugar a una medida cautelar contra la eliminación del programa. En la práctica, el fallo obliga al Ejecutivo a conservar el plan en su formato actual hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
Desde el Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, señalaron en un comunicado que “el Programa Volver al Trabajo finalizó por haberse cumplido su plazo de vigencia de dos años, establecido desde el momento su creación”. La cartera explicó que el esquema tenía una duración definida y que su continuidad no estaba prevista en los términos originales.
En ese mismo sentido, el Gobierno detalló que se había convocado a los beneficiarios para incorporarse a un nuevo sistema de formación. “El Ministerio efectuó una amplia y masiva convocatoria a quienes eran beneficiarios del programa a fin de recibir vouchers de capacitación laboral que les permitan, de este modo, una formación profesional con rápida salida laboral e inserción al empleo registrado y formal”, indicó el comunicado.
Sin embargo, la medida judicial alteró ese rediseño. Según advirtió la cartera, la decisión tiene impacto directo sobre las políticas previstas: “En virtud de dicha decisión judicial, con graves consecuencias sobre el presupuesto y la gestión ministerial, lamentablemente no podrán llevarse a cabo dos políticas prioritarias y planificadas: los vouchers de formación laboral ni la doble escolaridad primaria en escuelas vulnerables de todo el país”.
En el oficialismo interpretan el fallo como una interferencia en la definición de la política pública. Según trascendió, más allá de la disconformidad, el Ejecutivo cumplirá la orden judicial.
El eje del conflicto está vinculado a la reconversión de los planes sociales que impulsaba el Ministerio de Capital Humano. El programa Volver al Trabajo, que sucedía a esquemas previos de asistencia, había sido concebido, según explican en el Gobierno, como un mecanismo transitorio orientado a facilitar la inserción laboral. Esa transición quedó interrumpida por la cautelar.
De acuerdo con fuentes oficiales, el rediseño contemplaba una reasignación integral de los recursos. Por un lado, se proyectaba implementar vouchers de capacitación con participación de instituciones formativas en distintas provincias, con el objetivo de mejorar las condiciones de empleabilidad. Por otro, se buscaba financiar la extensión de la doble jornada en escuelas ubicadas en contextos vulnerables.
En el entorno de la ministra Pettovello consideran que la medida judicial no sólo detuvo un cambio administrativo, sino que afectó la orientación general de la política social. Según esa visión, la resolución obliga a mantener la asignación de fondos en el esquema vigente, en lugar de permitir su redireccionamiento hacia iniciativas de formación y educación.
En esa misma línea, en el Gobierno sostienen que la decisión refuerza un modelo de asistencia que buscan modificar. Fuentes oficiales describieron que la continuidad del programa consolida un esquema basado en transferencias directas, en contraste con la estrategia que apunta a promover la inserción en el empleo formal.
También señalaron que el fallo impacta sobre otras áreas, en particular en el componente educativo. Según explicaron, la imposibilidad de avanzar con la doble escolaridad limita una de las intervenciones previstas para sectores vulnerables, que formaba parte del rediseño del programa.
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