La Justicia dispuso este martes que el Gobierno continúe con los pagos a unas 900 mil personas incluidas en el programa Volver al Trabajo, luego de que el Ministerio de Capital Humano anunciara su eliminación para reemplazarlo por un esquema de vouchers. Cada beneficiario percibe alrededor de $80 mil.
La Justicia ordenó sostener pagos a 900.000 beneficiarios del programa Volver al Trabajo
Un juzgado federal dispuso que el Gobierno continúe con el plan social y suspenda su eliminación hasta que haya una sentencia definitiva, al considerar que la medida afecta derechos básicos de sectores vulnerables.
La decisión fue tomada por el Juzgado Federal de Campana, que hizo lugar a una medida cautelar presentada contra la interrupción del plan prevista para mayo.
"Hacer lugar a la medida cautelar impetrada por la parte actora y ordenar al Estado Nacional - Ministerio de Capital Humano que mantenga la vigencia de las prestaciones económicas que percibían los beneficiarios del Programa Volver al Trabajo, dentro del plazo de tres (3) días de notificada la presente y hasta que se dicte sentencia definitiva", señala la resolución judicial.
Entre sus fundamentos, el tribunal advirtió que eliminar el programa sin una alternativa adecuada impacta sobre derechos básicos de sectores vulnerables. En ese sentido, sostuvo: "El corte abrupto estatal de las prestaciones sin prever ni implementar medidas efectivas que lo reemplacen compromete los derechos de los trabajadores a condiciones dignas y equitativas de labor, a la seguridad social el acceso a un nivel de vida adecuado... y el disfrute del más alto nivel posible de la salud".
Asimismo, el fallo remarca que estos beneficios poseen un "profundo contenido social" y que su cancelación en este contexto podría resultar "arbitraria e irrazonable".
En relación con el sistema de vouchers propuesto, el juez consideró que no equivale a la asistencia económica actual: "La referencia genérica de vouchers destinados a capacitación, no aparece como una medida equivalente a las prestaciones monetarias que sus beneficiarios, personas en condición de vulnerabilidad, venían recibiendo, ni que éstos logren cubrir las prestaciones básicas que aquellas asignaciones mensuales atendían".
Para conceder la cautelar, también se tuvo en cuenta la urgencia de la situación. "Se vislumbra la urgencia y peligro en la demora por la finalización en el corriente mes de la prestación publicada el pasado 7 de abril en las redes institucionales del Ministerio de Capital Humano", indicó.
Finalmente, el magistrado concluyó: "El requisito de la verosimilitud en el derecho se encuentra configurado... toda vez que el no hacer lugar a la medida con la premura que el caso amerita tornaría ilusorio el derecho alegado".