Los siete meses que le quedan a 2020 serán absolutamente inciertos para las finanzas de la provincia de Jujuy.
Por primera vez en 18 años, el gobierno provincial debió desdoblar el pago de los salarios en la administración pública y en el inicio de la segunda semana de mayo aún no contaba con el dinero disponible para la cancelación de los haberes.
Los depósitos se hicieron con un tope de 30 mil pesos, y todo aquel que percibía un ingreso superior a esa cifra (alrededor del 70% de los casi 100 mil empleados públicos), se encuentra esperando por el saldo.
Hay un compromiso público del gobernador Gerardo Morales de completar el pago a partir del sábado 16 de mayo, pero fuentes cercanas al gobierno nacional reconocieron que los fondos aún no han sido enviados.
Tanto Morales como su ministro de Hacienda, Carlos Sadir, explicaron que el aislamiento obligatorio provocado por la pandemia de coronavirus hizo caer la recaudación en todo el país y como consecuencia la provincia recibió casi 2.000 millones de pesos menos de lo previsto para este mes.
El gobierno nacional compensó esa caída con Aportes del Tesoro Nacional (ATN), girados a Jujuy en un monto cercano a los 1.000 millones de pesos.
El saldo será canalizado a través de un crédito que otorgará el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, cuyo monto aún se desconoce.
En principio, y luego de una conversación entre Morales y el ministro de economía de la nación, Martín Guzmán, que el mandatario calificó como “positiva”, el préstamo se encontraría aprobado.
Sin embargo, la fecha de los desembolsos no está definida. De eso depende la cancelación a los estatales, comprometida para este sábado.
En caso de que la gestión iniciada por Jujuy llegue a buen puerto este mes, en adelante el escenario es de incertidumbre.
El gobierno de la provincia aprobó en diciembre de 2019 un presupuesto con un déficit de 5.500 millones de pesos. A partir del quiebre que produjo pandemia en la economía, los funcionarios provinciales proyectan que el bache financiero trepará a los 11.500 millones de pesos.
En la Legislatura se aprobó la ley 6.153 el 24 de abril, autorizando al gobernador y sus funcionarios a gestionar ante el gobierno nacional los 6.000 millones necesarios para cubrir el “nuevo déficit”.
Sin embargo es inverosímil que logre obtener todo ese dinero del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial.
El motivo es sencillo de advertir: el gobierno nacional destinó a ese Fondo 60 mil millones de pesos que están a disposición de las 24 provincias. Si le dieran a Jujuy todo el dinero que pide, la provincia se quedaría con el 10% del total de los recursos. No es posible atender semejante pretensión en desmedro de los otros distritos.
No se observa, al menos públicamente, otra fuente de financiamiento en el gobierno nacional, que tiene sus propias urgencias.
Así, el desfasaje financiero que impidió cumplir con los sueldos en tiempo y forma en el mes de abril, se repetirá en los primeros días de junio, cuando haya que afrontar un nuevo cronograma de pagos.
El gobierno tiene aún una asignatura pendiente. Como nunca antes, el 20 de abril blanqueó parte de sus números, indicando que tenía gastos inflexibles por 5.071 millones de pesos, de los cuáles 3.864 eran sueldos y 286 intereses de deuda.
Sin embargo, no avanzó en el detalle de ese cálculo macro, algo que permitiría comprender el porqué de su inconsistencia actual, la que no le permite afrontar sus gastos con recursos propios.
Aunque el gobierno se esmera en mostrar un eficiente manejo de la pandemia, en el sector estatal comienza a crecer la zozobra por la falta de acreditación de los sueldos en tiempo y forma.
No se trata sólo del histórico Frente de Gremios Estatales, o Frente Amplio Gremial según su denominación actual.
Los sindicatos han decretado un paro para el próximo jueves, dando un espacio de tiempo a los funcionarios con la intención de obtener alguna explicación. Ya habían expresado en forma tenue su malestar por enterarse a través de un informe del Comité Operativo de Emergencia (COE) que este mes cobrarían en dos partes.
Y aunque el gobierno ha demostrado tener capacidad para neutralizar la postura de los gremios, esta vez podría ser diferente.
En el Poder Judicial, en la Legislatura y en los organismos de control, sólo por citar tres ejemplos, es numeroso el plantel que cobra sueldos muy superiores a los 30 mil pesos. En consecuencia, su estructura de gastos familiares también lo es. En esa franja, la falta de previsión financiera de la gestión Morales realmente ha modificado sus vidas.
Aunque no está claro aún cómo podrían canalizar ese malestar, empiezan a trascender los comentarios negativos hacia la gestión provincial. Hay molestia además por lo que entienden es una subestimación del gobernador y sus funcionarios, que el domingo dijeron que harían “todo lo posible” para no desdoblar los sueldos, a sabiendas de que el dinero no llegaría.
“En principio hay resignación, pero si esto sigue así vamos a tener que hacer algo”, advirtió un funcionario de jerarquía que pidió reserva.
