En su última visita a Sobremesa (Canal 2) el concejal justicialista, Walter Cardozo, clarificó una decena de controversias en torno al funcionamiento, administración y recorrido legal de la Feria Mayorista más importante de la región Valles y alrededores.
Feria de Perico: Ficoseco, Jenefes y la industria del juicio que perjudica a los comerciantes
La novela por los convenios apócrifos que la cooperativa firmó con el intendente continúa. El pago de alquileres, una figura tributaria improcedente, la deuda millonaria que recayó injustamente sobre 700 comerciantes y la venta ilegal de puestos forman un triángulo que solo beneficia a los poderosos de siempre.
Una historia que no debería haber pasado a mayores si no fuera por los intereses de sectores sedientos de ganancias. En resumidas cuentas el conflicto inicia en 2017 cuando vence el convenio entre el municipio y la Cooperativa de Feriantes Frutihortícolas que nuclea poco menos del 50% de los trabajadores que ocupan un puesto en el predio.
A pesar de la ley provincial N°4609 que transfirió en 1992 los terrenos a la órbita municipal, la Cooperativa desconoció la titularidad con el aval del ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Juan Carlos Abud Robles, aduciendo que la Finca El Pongo en manos del gobierno provincial era la propietaria. Ese fue el punto de partida para una bochornosa serie de eventos donde las mañas políticas estuvieron permanentemente empantanando.
“El juicio que autorizó el Concejo Deliberante en ese momento es el Contencioso Administrativo, había que defenderse de la misma cooperativa, después de tener 20 años de tener vínculo con la municipalidad, desconocieron la titularidad del inmueble y se fueron al juzgado. A través de resolución 062 se autorizó al intendente a poner fin al convenio y defender los intereses, todos los feriantes deben permanecer en sus puestos y pagarle al municipio las exigencias de la ordenanza tributaria ”, explicó Cardozo sobre las tasas habituales de cualquier comercio, derecho de piso, permiso de venta, habilitaciones, desinfecciones u otros conceptos.
El estudio jurídico que representó a la municipalidad en este litigio pertenece al ex vicegobernador de Jujuy, Guillermo Jenefes, quien hace dos meses atrás utilizó todo el aparato mediático que posee para denostar a Cardozo. La justicia reconoció en 2021 que los honorarios correspondientes alcanzaban con su respectiva actualización la suma de $476.000, siendo la parte perdedora es decir la Cooperativa, la encargada de pagarlo.
Pero las vueltas del destino, llámese codicia o simplemente devolución de favores, terminó en un juicio por daños y perjuicios, iniciado por los abogados en cuestión, donde se crea la figura hasta entonces inexistente de pago de alquileres abarcando desde 2018 a 2023, involucrando incluso a los comerciantes que no forman parte de la organización que preside Carlos Castro, un hecho sumamente injusto considerando que hay trabajadores que siempre han tenido sus cuentas al día.
El referente de los denominados “asociados”, Gabriel Hernández indicando que “hay una injusticia muy grande porque los asociados estuvieron pagando históricamente un derecho de piso, canon por uso del suelo, que está contemplado en una ordenanza vigente. Con el juicio que iniciaron se pretende cobrar alquileres, algo que los asociados nunca pagaron".
En enero del corriente año, el gobierno provincial festejó y avaló un nuevo convenio entre el intendente Ficoseco y el mencionado Castro, terminando con seis años de litigio y reconociendo finalmente la titularidad municipal. Arreglaron entre gallos y medias noches, aún sin sentencia firme, un oneroso pago de casi mil millones de pesos, dividido en pesadas cuotas de $125.000 mensuales de donde saldrían el resarcimiento municipal (mucho menos dinero de lo que correspondería de seguir el curso legal), el cobro de obras ya realizadas (otra controversia) y efectivamente los nuevos honorarios diseñados a medida del estudio Jenefes.
“Cómo podemos avalar un convenio cuando no sabemos los parámetros para esa deuda, hay gente que ha pagado todas las tasas y cánones”, repudió el concejal, quien junto a su compañera de bloque Anahí Juárez, se han constituido como la única fuerza opositora frente a la avanzada del poder político de siempre.
Entre los reclamos de los feriantes, últimamente se ha sumado la irregular venta de puestos. Una transacción aparentemente promovida por Castro, que según el edil opositor configura un delito penal.
“En los convenios anteriores lo tenían prohibido, tampoco lo dice en el nuevo convenio. El intendente mira para el otro lado, pero quien conduce Perico tiene responsabilidad”, argumenta Cardozo en base a las múltiples denuncias que hicieron públicas los afectados. Por ejemplo, la comerciante Carolina Velázquez quien llegó a su lugar de trabajo días atrás, solo para darse que se lo habían readjudicado a otras personas.