Desalojo en El Fuerte: legisladores aprueban y la policía de Morales ejecuta sin pudor

• Impresionante operativo policial en El Fuerte para desalojar diez familias campesinas.
• La medida habría sido adaptada en el marco expansionista de la empresa GIRSU, que planea instalar una planta de 20 hectáreas.
• Días atrás algunos diputados opositores anticiparon el "avasallamiento" sobre las tierras explotadas para el desarrollo rural al sancionarse la Ley 6235.

Durante la quinta sesión ordinaria en la Legislatura provincial, llegando al final y casi entreverada con resoluciones menores resultó sancionada la Ley N 6235; su repercusión sería mínima comparada con la disolución del Banco de Desarrollo, también tratada en la ocasión.

Eclipsada por los debates acalorados tanto fuera como dentro del recinto, siquiera fueron necesarios más de 20 minutos para aprobar el proyecto radical que en tres artículos: sencillos, directos y controversiales, terminarían por apuntalar la estrategia del oficialismo jujeño para proceder con desalojos venideros en los “inmuebles estatales”.

Algunos diputados opositores como Emanuel Palmieri (PJ), Natalia Morales (FIT) e Iñaki Aldasoro (PO) expusieron sus críticas oportunamente, pero la mayoría oficial mano alzada mediante no tuvo contratiempo alguno para sancionar la Ley.

“Se trata de la necesidad de armar un régimen para el desalojo. No hay ningún tipo de explicación acerca de la finalidad. Se ha mencionado que hay un cuadro de déficit habitacional fenomenal, que ha producido las ocupaciones de tierra”, argumentaría Iñaki Aldasoro quien además agregaría:

…Cuál es la necesidad específica o estratégica de desalojar familias que estén ocupando un terreno ante la falta de un plan de viviendas… El proyecto de Ley es muy sucinto y genérico. Habilita la punta de lanza para un ataque sobre los más desprotegidos …Cuál es la necesidad específica o estratégica de desalojar familias que estén ocupando un terreno ante la falta de un plan de viviendas… El proyecto de Ley es muy sucinto y genérico. Habilita la punta de lanza para un ataque sobre los más desprotegidos

Las predicciones de los legisladores no alineados con el poder de turno se cumplirían sin tiempo suficiente para la publicación en el boletín oficial.

Diez familias de El Fuerte, en el departamento Santa Bárbara, recibieron en horas de la mañana el rigor expansionista de GIRSU SE a través del brazo ejecutor policial. Ni siquiera los 25 años asentados en el paraje impidieron que media docena de móviles, inédito para el tranquilo lugar, ingresaran con efectivos dispuestos al desalojo.

Las imágenes provistas por los integrantes del Movimiento Nacional Campesino dieron cuenta de la descomunal desproporción del operativo. Familias enfadadas sucumbieron resignadas a la tristeza, su estilo de vida, plantaciones, animales todo fue decomisado en cuestión de horas.

“Hace aproximadamente un mes llegó la policía, por acción delas abogadas dentro del grupo Andhes se detuvo el intento de desalojo. Ahora vinieron 6 móviles, para las personas que conocen el fuerte saben que nunca hay siquiera un móvil”, describió la referente del MNCI Esperanza Pereyra.

Hasta el momento de la publicación, según se informó desde el lugar (donde no tienen señal) no hubo detenidos, aunque el desalojo fue concretado incluyendo: el desarmado de corrales y la vivienda allí instalada.

El objetivo fundamental de la medida respondería al plan expansionista de la empresa provincial de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), donde se buscaría instalar una planta que ocuparía 20 hectáreas.

Durante la entrevista brindada en Radio 2 Pereyra no pudo obviar la relación directa con los acontecimientos recientemente registrados en la Legislatura, incluso con episodios de índole similar observados en El Carmen en base al proyecto Eco Parque Dique La Ciénaga.

“El día viernes nos dimos con esta situación, Ley aprobada de noche a la mañana, repudiada por algunos diputados y diputadas. Nos pasa en los Perilagos y El Pongo. Arremeten contra cualquier zona originaria o campesina. Pasan por encima de la Ley de agricultura familiar, pasan por encima de la OIT, no se hacen audiencias públicas, o se brindan notificaciones. No hay orden de desalojo y nadie nos dice quien está a cargo del desalojo”.

Es un ataque y avasallamiento contra familias. En este momento de pandemia donde más hay que trabajar dejan a las familias sin trabajo Es un ataque y avasallamiento contra familias. En este momento de pandemia donde más hay que trabajar dejan a las familias sin trabajo

Por lo pronto las familias esperan poder realizar las denuncias correspondientes ante la misma autoridad encargada de despojarlos, paso fundamental para las subsecuentes presentaciones legales. Nueva odisea de lucha entre humildes y poderosos ratificada por el propio ministro de Gobierno y Justicia Agustín Perassi quien según relató Pereyra les respondió “el gobernador está en todo su derecho ellos pueden avanzar porque es tierra del gobierno”.