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Expropiaciones irregulares espantan inversiones

Todo este escándalo ocurrido en Caspalá con imputaciones para altísimos ex funcionarios del gobierno como así también otras causas como la de Radio Estación en Tilcara amerita un análisis sobre el impacto que genera el avance del Estado expropiando el patrimonio público y privado de los jujeños.

En condiciones normales las expropiaciones se justifican cuando promueven el interés público como infraestructura y desarrollo económico, no como paso aquí en donde estas medidas se utilizaron como herramienta de presión política o de enriquecimiento personal. Naturalmente esto erosiona la confianza en las instituciones y refuerzan la percepción de que el poder estatal se utiliza arbitrariamente.

Además, estos tipos a los que no les importa nada más que sus propios negocios están generando una falta de claridad y legalidad en los procesos de expropiación alejando a los inversores y afectando la competitividad que se pretendería para la provincia…pretendería porque la verdad hasta ahora no lo sabemos ya los hechos demuestran otra cosa.

La incertidumbre jurídica disuade la inversión a largo plazo…

Esta metodología viola los derechos fundamentales y promueve los conflictos sociales ya que la presión insoportable ejercida por los confiscadores seriales del Estado siempre ignora los procesos participativos y los impactos culturales y ambientales producto de voracidad adictiva por los negocios.

No cabe duda que la corrupción es un problema estructural y las expropiaciones, a esta altura en Jujuy, se han convertido en una herramienta para beneficiar a los grupos enquistados en el poder.

No hay fortalecimiento de las instituciones jurídicas mediante mecanismos de supervisión y transparencia en los procesos de expropiación.

El poder político en Jujuy no prioriza el interés colectivo de manera legítima y respetuosa de los derechos individuales.

El poder en Jujuy ha quebrado la delgada línea entre el ejercicio legítimo del poder y su abuso.

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