Según detalló el abogado patrocinante de la querella, Jorge Ale, el dramático suceso se desencadenó en el año 2023, un día viernes en el horario del recreo. Aprovechando que el aula se encontraba sin la supervisión de ningún adulto, la menor fue cercada y agredida.
El letrado remarcó que se probó un incumplimiento grosero de los protocolos, ya que por reglamento interno está estrictamente prohibido que los alumnos permanezcan dentro de los salones durante los recreos sin un docente encargado de la vigilancia.
Sin embargo, el desamparo institucional hacia la víctima continuó a la salida del establecimiento. En un severo estado de shock emocional, la niña se quedó llorando desconsolada en la vereda. En ese momento, dos docentes pasaron por su lado y se anoticiaron de la situación porque la propia alumna les relató el calvario que acababa de sufrir. Lejos de activar los mecanismos de protección, uno de los educadores minimizó el sufrimiento de la menor con una frase indolente: "Esas cosas pasan, lo solucionamos la semana que viene".
Del archivo penal a una condena en la vía civil
Los docentes se retiraron del lugar omitiendo su obligación legal de asistencia, a pesar de que a menos de 20 metros del establecimiento se encontraba ubicada una comisaría. El caso no llegó a mayores gracias a que la hermana de una compañerita contuvo a la menor en una plaza y dio aviso urgente a la madre de la víctima, quien finalmente fue quien radicó la denuncia penal.
El representante legal de la víctima, explicó que, si bien se inició una investigación, la causa penal fue archivada debido a que los agresores involucrados eran menores de edad y, por ende, legalmente inimputables.
Ante este vacío, la querella avanzó firmemente por la vía civil contra el Estado provincial como responsable directo de sus agentes públicos.
El fallo de primera instancia se sustentó en el devastador informe de las pericias psicológicas y psiquiátricas, las cuales coincidieron de manera unánime en el "tremendo daño" infligido a la salud mental de la niña, concluyendo trágicamente que la víctima presenta tendencias suicidas a raíz del hostigamiento sistemático padecido.
La millonaria sentencia, que aún puede ser apelada por el Estado al no encontrarse firme, fue calificada por la querella como un severo llamado de atención para que las autoridades y los docentes de la provincia dejen de normalizar el acoso escolar infantil y comiencen a aplicar de forma estricta los protocolos vigentes para garantizar que las escuelas sean espacios seguros.
