El federalismo ha captado la atención de académicos en diversas disciplinas, como la ciencia política, la administración pública, el derecho y la economía, debido a su vasta influencia y relevancia como forma de organización del Estado-nación. Los conceptos de Estado federal y Estado unitario se refieren a la estructura territorial del Estado y a los ámbitos institucionales de poder donde el gobierno ejerce sus funciones políticas, administrativas y económicas. Estos conceptos nos llevan a reflexionar sobre nociones fundamentales como patria, nación, lengua, identidad, cultura y, en algunos casos, religión.
Hacia un federalismo real
El federalismo ha captado la atención de académicos en diversas disciplinas, como la ciencia política, la administración pública, el derecho y la economía, debido a su vasta influencia y relevancia como forma de organización del Estado-nación.
Tanto el federalismo como el unitarismo comparten la división de poderes formulada por Montesquieu y adoptada por las constituciones de Estados Unidos y Francia en el siglo XVIII, y por México y Argentina en el siglo XIX. Montesquieu sostenía que la división de poderes era esencial para la libertad de los ciudadanos, ya que prevenía el despotismo de los gobernantes: "el poder detiene al poder". Esta división horizontal de poderes es común en la mayoría de los Estados, ya sean unitarios o federales, y se manifiesta en las ramas ejecutiva, legislativa y judicial.
En los Estados federales, además de la división horizontal, existe una división vertical de poderes entre la Federación, los Estados y los gobiernos locales. Esta división vertical garantiza la protección de los ciudadanos de manera diferente a la división horizontal. La estructura federal permite una mayor flexibilidad y adaptabilidad en la gobernanza, permitiendo que las regiones aborden sus problemas específicos con mayor autonomía. Esta autonomía local puede conducir a una administración más eficiente y a una mayor satisfacción de las necesidades de la población.
Sin embargo, el federalismo no está exento de desafíos. La coordinación entre distintos niveles de gobierno puede ser compleja y, en ocasiones, generar conflictos de competencia. Además, las desigualdades regionales pueden acentuarse si no se gestionan adecuadamente. Por otro lado, en un Estado unitario, la centralización del poder puede conducir a una mayor uniformidad en la implementación de políticas, pero también puede resultar en una desconexión entre el gobierno central y las realidades locales.
Los modelos teóricos clásicos de Estado unitario o federal se centran en la división territorial de los poderes del Estado; no obstante, en los países concretos dichos modelos adquieren matices y diferencias importantes, respondiendo a circunstancias históricas diversas. Las federaciones no constituyen modelos cerrados y homogéneos, sino que dentro de cada categoría existen variantes y numerosos matices. Sería más correcto afirmar, como propone Kelsen, que entre los dos polos extremos de máximo centralismo y máxima descentralización se pueden ubicar todos los Estados existentes. Pese a ello, tiene sentido distinguir entre Estados unitarios y Estados federales, porque la estructura y la dinámica de cada uno responden a principios diferentes.
Para simplificar, consideremos que el Estado unitario tiene un único ámbito de instituciones políticas, y el Estado federal, dos o más superpuestas. Así, la toma de decisiones en el primero se realiza en una sola estructura de poder sobre todo el territorio, generalmente compuesta por un poder Ejecutivo (jefe del Estado), otro Legislativo (Parlamento o cámaras) y uno Judicial. Por tanto, todos los ciudadanos del territorio están vinculados por las mismas leyes, decisiones del gobierno y sentencias judiciales; se trata entonces de establecer un único orden legal para todos los ciudadanos, suprimiendo los privilegios y corporativismos anteriores.
Una Constitución, como ley suprema, ordena las instituciones y reconoce los derechos de los ciudadanos, y un Parlamento y un gobierno aprueban las leyes y las demás normas que regulan la sociedad: "la igualdad de los ciudadanos es su principal legitimidad". En todo el territorio del Estado se aplican las mismas normas y los ciudadanos tienen los mismos derechos y obligaciones.
En contraste, el Estado federal se caracteriza por tener múltiples niveles de gobierno, cada uno con su propia autoridad sobre ciertos asuntos. Esta estructura permite una adaptación más precisa a las necesidades y peculiaridades de diferentes regiones. Sin embargo, también requiere una coordinación constante para evitar conflictos de competencia y garantizar una gobernanza coherente. La clave para un federalismo exitoso radica en encontrar un equilibrio que maximice las fortalezas de la autonomía regional mientras se mantiene la cohesión y la unidad nacional.
Tanto el federalismo como el unitarismo presentan ventajas y desafíos. La clave radica en encontrar un equilibrio que maximice las fortalezas de cada sistema y minimice sus debilidades, adaptando la estructura del Estado a las particularidades históricas, culturales y socioeconómicas de cada nación. La comprensión profunda de estos modelos organizativos y su correcta implementación es crucial para el desarrollo de sociedades justas, equitativas y democráticas. La capacidad de un Estado para adaptarse y evolucionar en respuesta a las demandas de sus ciudadanos será siempre un indicador de su salud democrática y de su potencial para garantizar un futuro próspero y pacífico.
Nunca se ha logrado consolidar el federalismo en la práctica, y esta carencia se manifiesta en los constantes conflictos y reclamos de las provincias ante el gobierno central y la Corte Suprema de Justicia. Estos reclamos, especialmente por la distribución equitativa de los recursos, evidencian una falla estructural en nuestro sistema de gobierno.
Los ejemplos son abundantes. Actualmente, las provincias se enfrentan a la centralización de la recaudación y distribución de impuestos como el impuesto a las ganancias y el Impuesto País. Además, deben lidiar con la carga financiera de subsidios para el transporte público, la energía, las cajas previsionales y la obra pública, que han sido dejados sin efecto unilateralmente por el gobierno nacional, obligándolas a cubrir estos costos.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que el federalismo es un sistema cultural de convivencia, en el que las partes integrantes no actúan aisladamente, sino que interactúan para un fin común que justifica su existencia y funcionamiento. Según la Corte, el ejercicio de las competencias constitucionales asignadas debe ser una interacción articulada, como se evidencia en los fallos de "La Pampa, Provincia de" y "Corrientes, Provincia de".
Asimismo, la Corte ha afirmado que el sistema federal argentino se basa en el principio de lealtad federal o buena fe federal, el cual implica evitar el abuso de las competencias de un Estado en detrimento de los otros. Este ideario federal, sobre el cual se fundamenta nuestro sistema de gobierno, postula que el Estado Nacional, las provincias, los municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deben coordinar sus facultades para ayudarse mutuamente, no para destruirse. Este principio fue subrayado en casos como "Bazán" y "Telefónica Argentina".
Además, la Corte destaca que el armónico desenvolvimiento del sistema federal depende de la buena fe, la coordinación y la concertación recíproca entre los distintos estamentos de gobierno. Estos principios son esenciales para conjugar los diferentes intereses en juego y encauzarlos hacia la satisfacción del bien común.
Históricamente, la jurisprudencia de la Corte y la Doctrina han reconocido que los poderes de las provincias son originarios e indefinidos, mientras que los correspondientes a la Nación son delegados. En este sentido, el Dr. Dardo Ramírez Braschi sostiene que el federalismo debe ser sinónimo de equidad, igualdad y buena fe, conforme a lo que sostiene la Corte. Sin embargo, cabe preguntarse si estos principios se han cumplido.
A la luz de estos antecedentes, es fundamental repensar un nuevo federalismo que responda no solo a las exigencias actuales, sino también a las futuras. Un sistema federal es dinámico; no existe un modelo único. Aunque el esquema federal de Argentina se basó en la Constitución de los Estados Unidos, cada nación debe reconfigurar su normativa de acuerdo con sus características y cultura.
Hoy más que nunca, es necesario establecer las bases de un federalismo actual basado en un amplio consenso y equidad que proyecte a Argentina hacia un horizonte de progreso sostenido y previsible. El debate político contemporáneo no puede ignorar el federalismo si aspiramos a construir una nación justa y moderna, con normas claras, como lo deseaban los constituyentes de 1853.
La idea de federalismo es esencial para definir el perfil de nuestra nación. Provenimos de esa tradición y debemos avanzar juntos hacia ese horizonte, siguiendo el camino trazado por nuestros padres fundadores y utilizando la constitución nacional como nuestra carta de navegación. Solo así, con un compromiso renovado hacia un federalismo real y equitativo, podemos asegurar un futuro próspero y cohesionado para todos los argentinos.