Desde el Espacio de Participación Popular expusieron que hay ocho casos de establecimientos donde se pidió a padres y tutores el pago de cooperadora, que no es obligatorio por ley, y ante la imposibilidad de afrontarlo no quisieron inscribir a sus hijos. Adelantaron presentaciones judiciales.
Promediando el mes de febrero, organizaciones sociales jujeñas pidieron un ingreso de emergencia para hacer frente a la canasta escolar.
La protesta de integrantes de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular se daba para exponer un aumento desmedido de la canasta escolar, cuyo costo se estima en 230 mil pesos.
El planteo no fue escuchado, los días pasaron y llegó el inicio de clases. En ese contexto, Hebert Lima del Espacio de Participación Popular en Palpalá, denunció el cobro ilegal de pago de cooperador en al menos ocho instituciones.
Expuso que directivos pidieron a padres y tutores el pago de la cooperadora, que no es obligatorio por ley, y ante la imposibilidad de afrontarlo no quisieron inscribir a sus hijos. Ante esta situación adelantó que accionarán con presentaciones judiciales.
“Hace aproximadamente un mes le solicitamos al gobierno de la provincia ayuda escolar, aparte de la que están dando de 85 mil pesos porque la gente no puede pagar los 245 mil pesos que cuesta entre uniformes, artículos escolares, este monto no es nuestro, es calculado por Defensa del Consumidor en Buenos Aires. En eso recibimos la denuncia de compañeras nuestras, la mayoría madres solteras con dos o tres hijos, que les están cobrando entre 40 y 50 mil pesos para reinscribir, además de la cooperadora que dicen que no es obligatorio pero tenemos casos de compañeras que no pueden pagar y no les quieren inscribir a sus hijos, eso para nosotros es ilegal, es un delito, hemos pedido a nuestros abogados que vean bien el tema legal para iniciar demanda, desde el gobernador y pasando por e Ministerio de Educación y las autoridades escolares”.
“La gente no sabe sus derechos, no sabe que el gobierno provincial debe hacerse cargo de todo y que ningún padre ni madre tiene que pagar nada en la educación pública, el Ministerio de Educación se debe hacer cargo de mantener el edificio, del material de limpieza y de los gastos necesarios. Hay impuestos que cobran para sostener la educación y esto es un abuso asqueroso. Nosotros hemos luchado 9 semanas para que no se instale GIRSU en Palpalá y esta lucha también vamos a realizarla, si quieren problemas los van a tener, vamos a iniciar acciones legales y vamos a llamar a los gremios y les exigimos que hagan un planteo y lucha para cambiar un sistema educativo que deseduca”, expuso el dirigente social y señaló:
