Buscan llevar la tarifa social a 74 mil usuarios

La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Jujuy dio a conocer su postura respecto a la revisión del cuadro tarifario del servicio energía eléctrica solicitado por la concesionaria Ejesa y, en el marco de la audiencia pública celebrada recientemente en Palpalá, recomendó a la Superintendencia de Servicios Públicos y Otras Concesiones (Susepu) mejorar los mecanismos para el acceso de más usuarios al beneficio de la tarifa social. Además, el organismo advirtió que el 60% de incremento en los cargos fijos y variables debe tener como correlato la previsión de una tarifa diferenciada para aquellas zonas geográficas donde los ciudadanos sólo cuentan con el servicio de energía eléctrica.

 Javier de Bedia, flamante Defensor del Pueblo de Jujuy, realizó la presentación de un escrito con diversas observaciones para que sean tenidas en cuenta por la Susepu y la prestataria del servicio eléctrico domiciliario. A través del mismo también solicitó al órgano de contralor avanzar en una reducción de los valores establecidos en el cuadro tarifario respecto a los cargos de derechos de conexión, de suspensión y rehabilitación, aduciendo que los montos actuales son onerosos.

Entre las observaciones que efectuó el defensor figura la de un proceso previo para la revisión quinquenal de tarifas. Consideró que el acto administrativo de convocatoria a audiencia pública no previó la participación de un representante de los usuarios que defienda los derechos e intereses del sector, máxime cuando existe dentro de la autoridad de aplicación una Gerencia de Defensa del Usuario.

En tal sentido, puso de relieve que la Defensoría a su cargo tenía el deber de hacer recordar al organismo de contralor que la participación de quien representa a la parte más débil de la relación de servicio resulta ser fundamental para posibilitar la igualdad de condiciones de los usuarios frente a la posición dominante de la concesionaria. Por lo mismo, sugirió que de ahora en adelante se provea a la participación de un representante de los usuarios del servicio a los efectos de garantizar la implementación de una tarifa justa y razonable.

 El ombudsman puso reparos en la propuesta formulada por la concesionaria Ejesa al advertir que la misma no contaba con un lenguaje de fácil comprensión. En tal sentido, adujo que la misma tampoco poseía un glosario o documento que permita al ciudadano común consultar respecto a los que temas que atañen a su interés. “Es fundamental que la información para ser efectiva y garantizar los derechos de los usuarios se brinde no solo de manera completa y pertinente, sino que además sea comprensible, es decir que incluya aquellos aspectos relacionados directamente a la medida tarifaria que se desea implementar”.

 Advirtió luego que la empresa concesionaria no propuso ninguna mejora de comunicación o recepción de reclamos entre los usuarios del servicio domiciliario y entre aquellos que cuentan en distintos puntos de la provincia con la provisión del servicio a través del sistema disperso. Asimismo, solicitó que la tarifa a aprobarse guarde un justo equilibro entre los ingresos que precisa la concesionaria y los derechos de los usuarios y consumidores.

Tarifa social

En relación a la tarifa social, apuntó que en este tema se debe mencionar que a partir de la implementación del nuevo régimen de tarifa social, aplicado por el Ministerio de Energía y Minería de la Nación, se permitió el acceso a la tarifa social a más de 74 mil usuarios. “Esto significó incrementar el anterior número de 56 mil beneficiarios de la misma”, aseguró.

 Apuntó que en estos últimos meses desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia se trabajó intensamente con la Susepu para conseguir el ingreso de beneficiarios a la tarifa social, “sin embargo todavía existen puntos que pueden ser mejorados”, aclaró.

 En este sentido, sostuvo que sería ventajoso que el órgano de contralor unifique el criterio de otorgamiento de la tarifa social de energía con el que se aplica para otros servicios públicos, de manera de lograr una tarifa social homogénea y única.-

Pedido de tarifa diferenciada

En su presentación escrita el ombudsman señaló que sería conveniente evaluar que en los cuadros tarifarios se contemple la posibilidad de prever una tarifa diferenciada para aquellas zonas geográficas de la provincia donde los ciudadanos sólo cuentan con el servicio de energía eléctrica.

Aclaró este punto señalando que existen grupos de habitantes en lugares recónditos de nuestra geografía que precisan hacer un uso más intenso del servicio eléctrico por no contar con otros servicios y puso como ejemplo que en algunas zonas la gente necesita calefaccionar sus hogares con energía eléctrica por no tener gas natural.

También fue crítico con los cargos por derecho a conexión presentado por Ejesa y concluyó que del cuadro presentado por la concesionaria se desprende que los cargos por este ítem fueron incrementados en más de un 60 por ciento.

Con respecto a los cargos por suspensión y rehabilitación del servicio, dijo que representan un costo oneroso para las economías familiares, motivo por el cual propuso que los mismos sean reducidos de manera razonable a los efectos de que se respeten los derechos de los usuarios.

Asimismo y atendiendo a que la tarifa social tiene por finalidad beneficiar a aquellas familias en situación crítica de pobreza o de extrema necesidad, solicitó la reducción del costo de estos cargos en virtud que los valores propuestos por Ejesa, cuyos montos no presentan actualmente diferencia entre un hogar con tarifa social y un hogar con tarifa residencial.