“La repuesta del Estado provincial, puntualmente en la cautelar, es que son cuestiones de familia, que en este caso del Tribunal del Contencioso no es el juez natural. Creemos que se están escudando en quién debería resolver el caso”, afirmó Florencia Ovejero, la letrada patrocinante en la causa.
Florencia Ovejero: El Gobierno intenta esquivar la problemática de la drogadicción
El gobierno de la provincia, planteó que el amparo colectivo presentado por vecinos y familiares con problemas de adicciones, se debe resolver en un “Tribunal de Familia” y no donde se encuentra actualmente, el Tribunal Contencioso Administrativo.
La abogada destacó que el último tramo del amparo, fue la audiencia donde se presentaron los abogados de Fiscalía de Estado a contestar el amparo. También adelantó que en una próxima audiencia, se va a citar al ministro de Salud Saúl Flores y al titular de la Secretaría de Lucha Contra el narcotráfico de la provincia, Eduardo Alderete, para consensuar algún tipo de solución a la problemática planteada.
“La audiencia no tiene fecha. Lo que se tiene que resolver próximamente es la cautelar solicitada. Puntualmente pedíamos que a once menores de edad que individualizamos que están en una situación de urgencia, se los traslade a centros de atención de otras provincias”, puntualizó en conversación con Radio 2.
Según los estudios de la abogada, son cada vez más los casos que se detectan, sobre todo de gente del interior. “No nos olvidemos, que si bien nosotros presentamos casos de San Salvador, el interior está abandonado. Justamente hace una semana, se realizó una jornada, donde pudimos escuchar testimonios de gente que se acercó voluntariamente, familiares, drogadictos recuperados, profesionales y es más que notorio que los problemas van creciendo día a día y no tenemos soluciones de parte del estado”.
Apuntó a Libertador General San Martín como el foco de esta problemática “Es muy alarmante cómo ha crecido el consumo de paco en los jóvenes y adolescentes del lugar. Es bastante llamativo y solamente cuentan con un hospital público que no tiene especialistas, ni tratamiento ambulatorio, ni nada”.
Por esta razón, en esa localidad se formó una red de madres de hijos víctima del "paco", que tratan de buscar ayuda para esta problemática.
Dijo que el objetivo del amparo es apuntar a que se está vulnerando o lesionando este derecho que tenemos de acceso a la salud. “Si el Estado no brinda un servicio de salud, no se tendrían que dar este tipo de cosas que uno tenga que iniciar un expediente para que el Estado pueda cumplir con lo que le corresponde”, sostuvo.
Aclaró además que “no hay una intención política” detrás de esta denuncia y solicitaron a la jueza, que “se realicen las inspecciones oculares de todos los centros de la provincia. se verifique si realmente funcionan, cuántas son las plazas, cuáles son los tratamientos, si hay tratamiento específico y si la provincia responde a esta problemática”.
También reconoció que no hay suficiente cantidad de profesionales para abordar la problemática de la drogadicción en la provincia. “Yo me puedo guiar por el trabajo que hicimos de ir a los centros, preguntar, por lo que nos contestan los familiares que tocaron las puertas de todos los centros; no hay una atención y los profesionales no satisfacen esta demanda que requiere la situación”.
“La audiencia no tiene fecha. Lo que se tiene que resolver próximamente es la cautelar solicitada. Puntualmente pedíamos que a once menores de edad que individualizamos que están en una situación de urgencia, se los traslade a centros de atención de otras provincias”, puntualizó en conversación con Radio 2.
Según los estudios de la abogada, son cada vez más los casos que se detectan, sobre todo de gente del interior. “No nos olvidemos, que si bien nosotros presentamos casos de San Salvador, el interior está abandonado. Justamente hace una semana, se realizó una jornada, donde pudimos escuchar testimonios de gente que se acercó voluntariamente, familiares, drogadictos recuperados, profesionales y es más que notorio que los problemas van creciendo día a día y no tenemos soluciones de parte del estado”.
Apuntó a Libertador General San Martín como el foco de esta problemática “Es muy alarmante cómo ha crecido el consumo de paco en los jóvenes y adolescentes del lugar. Es bastante llamativo y solamente cuentan con un hospital público que no tiene especialistas, ni tratamiento ambulatorio, ni nada”.
Por esta razón, en esa localidad se formó una red de madres de hijos víctima del "paco", que tratan de buscar ayuda para esta problemática.
Dijo que el objetivo del amparo es apuntar a que se está vulnerando o lesionando este derecho que tenemos de acceso a la salud. “Si el Estado no brinda un servicio de salud, no se tendrían que dar este tipo de cosas que uno tenga que iniciar un expediente para que el Estado pueda cumplir con lo que le corresponde”, sostuvo.
Aclaró además que “no hay una intención política” detrás de esta denuncia y solicitaron a la jueza, que “se realicen las inspecciones oculares de todos los centros de la provincia. se verifique si realmente funcionan, cuántas son las plazas, cuáles son los tratamientos, si hay tratamiento específico y si la provincia responde a esta problemática”.
También reconoció que no hay suficiente cantidad de profesionales para abordar la problemática de la drogadicción en la provincia. “Yo me puedo guiar por el trabajo que hicimos de ir a los centros, preguntar, por lo que nos contestan los familiares que tocaron las puertas de todos los centros; no hay una atención y los profesionales no satisfacen esta demanda que requiere la situación”.