Una emergencia que el Gobierno de Jujuy ayudó a crear

La crisis energética que atraviesa Jujuy dejó al descubierto una contradicción difícil de explicar. Durante años, el Gobierno provincial respaldó a EJESA frente a los cuestionamientos por la calidad del servicio. Sin embargo, tras los masivos cortes de energía provocados por el viento zonda, cambió su discurso y ahora responsabiliza a la distribuidora por la falta de previsión y por no contar con un plan de contingencia acorde a un fenómeno climático que, lejos de ser excepcional, forma parte de la realidad jujeña.

"Encontramos una empresa desbordada, sin capacidad de respuesta. El viento norte es habitual en Jujuy y esto se tiene que poder prevenir", expresó el vocero del Gobierno provincial, en una de las críticas más duras formuladas hasta el momento contra la concesionaria. A lo que la propia empresa respondió que no había forma de preveerlo. ¿Quien dice la verdad? la empresa que fue incapaz de atender correctamente la emergencia o el gobierno que siempre la justifico y ahora parece querer desvincularse de esta problematica.

El reconocimiento oficial, sin embargo, llega cuando miles de usuarios ya soportaron extensos cortes del servicio y después de años en los que el propio Estado fue quien avaló el desempeño de la empresa.

Inversiones incompletas con aval oficial

La situación no surgió de manera repentina. A comienzos de este año ya se conocía que EJESA había ejecutado apenas el 68% del Plan de Inversiones correspondiente al período 2023-2024. Pese a ese incumplimiento, la empresa solicitó que ese porcentaje fuera considerado como una obligación cumplida.

Lo llamativo es que el pedido fue aceptado por los organismos provinciales encargados del control del servicio eléctrico. Es decir, el Estado terminó validando un nivel de ejecución inferior al comprometido, sin exigir el cumplimiento total de las inversiones previstas.

Si hoy la infraestructura eléctrica evidencia deficiencias para responder ante situaciones climáticas previsibles, la explicación no puede buscarse únicamente en la empresa. También debe analizarse el rol que desempeñaron quienes tenían la obligación de controlar que las obras se ejecutaran en tiempo y forma, por ejemplo la Superintendencia de Servicios Públicos y la Secretaria de Energia.

Una respuesta insuficiente para miles de usuarios

La emergencia también dejó al descubierto la limitada capacidad operativa de EJESA.

Mientras entre 5.000 y 7.000 usuarios permanecían sin suministro eléctrico, EJESA disponía de apenas 29 cuadrillas para atender la totalidad de las contingencias. Esa relación evidenció un sistema claramente insuficiente para afrontar una situación de gran magnitud.

Las imágenes de vecinos protestando, realizando cortes de calles y reclamando por la restitución del servicio reflejaron el nivel de malestar generado por una respuesta que resultó lenta frente a una demanda masiva.

Como advirtió la referente de CODECUC, Alicia Chalabe, la cantidad de cuadrillas disponibles era claramente insuficiente para responder a la dimensión de la emergencia.

La emergencia llegó después de la crisis

Recién cuando el conflicto alcanzó su punto más crítico, el Gobierno provincial resolvió declarar la emergencia energética y tarifaria.

Entre las medidas anunciadas se incluyeron la suspensión transitoria de cortes del servicio por falta de pago y la promesa de implementar mecanismos de resarcimiento para los usuarios afectados.

Sin embargo, las disposiciones conocidas hasta el momento no avanzan sobre el problema estructural: garantizar un servicio eléctrico confiable, exigir el cumplimiento efectivo del plan de inversiones y fortalecer los mecanismos de control sobre la empresa concesionaria.

La crisis energética no puede atribuirse exclusivamente a un fenómeno climático ni únicamente a la empresa prestataria. También expone las consecuencias de un sistema de control que no actuó con la firmeza necesaria para prevenir una situación que hoy afecta a miles de usuarios.