CODECUC cuestionó el decreto de emergencia tarifaria: "Prorroga la angustia"

En diálogo con medios locales, el abogado y representante de CODECUC, Alejandro Mur, consideró que el decreto provincial no ataca el problema de fondo y cuestionó que la principal consecuencia de la medida sea postergar los plazos para efectuar cortes por falta de pago.

“El decreto 5658 sabora poco y nada. No es un decreto que vaya a solucionar el fondo del problema, que son las altísimas facturaciones”, sostuvo.

Según explicó Mur, el decreto no elimina ni reduce los distintos componentes que conforman las facturas de electricidad. Tampoco modifica sustancialmente el esquema tarifario.

La principal modificación, de acuerdo con su interpretación, consiste en extender el plazo antes de que pueda producirse un corte por falta de pago.

“Prorroga la angustia”, resumió.

El abogado sostuvo que, de esta manera, el usuario que no puede afrontar una factura no encuentra una solución al problema económico, sino solamente una postergación del momento en que podría quedarse sin servicio.

Además, cuestionó que la emergencia no haya implicado una reducción efectiva del precio de la energía.

“El esquema tarifario y tributario sigue intacto. No bajó ni un centavo el precio del kilowatt, no excluyó ningún rubro de la factura”, afirmó.

Facturas cada vez más difíciles de pagar

Para CODECUC, el problema se agravó durante los últimos meses por los incrementos en el costo de la energía eléctrica y la reducción de subsidios a nivel nacional.

Mur señaló que esos aumentos terminan trasladándose directamente a los usuarios jujeños y anticipó que el impacto podría continuar durante los próximos meses.

En ese contexto, sostuvo que muchas familias comenzaron a recurrir al financiamiento con tarjetas de crédito para poder afrontar las facturas.

“Además del endeudamiento en general que están teniendo los consumidores, se le suma el incremento de la energía eléctrica, del transporte y todos los servicios regulados”, explicó.

El referente de CODECUC también aseguró que Jujuy tiene una de las facturas eléctricas más elevadas del país y recordó que la entidad realizó comparaciones con consumos similares de otras provincias.

“En una oportunidad hemos traído facturas de Buenos Aires, de Córdoba, y son prácticamente la mitad de lo que pagamos nosotros”, afirmó.

El reclamo a la Legislatura

Frente a este escenario, Mur consideró que la Provincia tiene herramientas para modificar el esquema que impacta sobre las facturas y reclamó decisiones políticas que permitan reducir efectivamente el costo del servicio.

En particular, planteó la necesidad de revisar las normas que permiten incorporar distintos conceptos y tasas a las facturas de servicios.

“Con más razón deberían trabajar los legisladores para derogar las leyes que han permitido que le cuelguen las tasas”, sostuvo.

Para CODECUC, la discusión no debería limitarse a cuándo puede cortarse el servicio, sino a cómo lograr que los usuarios tengan la posibilidad real de pagar las facturas.

La demanda colectiva contra EJESA

En ese contexto, CODECUC también presentó una demanda colectiva contra EJESA por los cortes de electricidad registrados entre el 17 y el 20 de julio, durante el colapso del sistema eléctrico.

La acción judicial fue presentada en representación de aproximadamente 120.000 usuarios residenciales que, según los datos recopilados por la organización, fueron afectados por la interrupción del servicio.

La demanda se encuentra en trámite ante la Cámara Civil y Comercial, Vocalía 1, y la entidad espera una resolución sobre una medida cautelar considerada urgente.

CODECUC reclama que los usuarios no paguen por los días en los que no recibieron el servicio y que, quienes ya abonaron esas facturas, reciban los correspondientes reintegros y refacturaciones.

También solicita indemnizaciones por los daños económicos y morales ocasionados y la aplicación del denominado daño punitivo previsto en la Ley de Defensa del Consumidor.

Pedido para proteger a los usuarios vulnerables

Uno de los principales pedidos cautelares apunta a impedir que EJESA corte el suministro a usuarios considerados vulnerables mientras se resuelve la cuestión de fondo.

La medida alcanza, según explicó Mur, a jubilados, pensionados, personas con discapacidad, desempleados y usuarios de bajos recursos.

El abogado cuestionó que, pese a la emergencia declarada por el Gobierno provincial, EJESA continúe enviando avisos de corte y realizando interrupciones del suministro.

Falta de inversiones y responsabilidad de EJESA

La demanda también cuestiona el nivel de inversiones realizado por la empresa concesionaria.

Mur sostuvo que EJESA no habría cumplido con la totalidad del plan de inversiones comprometido ante la SUSEPU para el período 2022-2026 y vinculó esa situación con las deficiencias en la infraestructura eléctrica.

“Cuando usted no hace las inversiones oportunas y necesarias en las redes, en la infraestructura, la consecuencia es mal servicio, corte masivo, caída de tensión y que a la gente se le corten o se le dañen los artefactos eléctricos”, explicó.

El referente de CODECUC también destacó la resolución 243 de la SUSEPU, relacionada con el colapso eléctrico de julio, y sostuvo que el organismo regulador había identificado responsabilidades vinculadas con la prestación del servicio.

A su vez, recordó que la SUSEPU había aplicado otra sanción de aproximadamente 500 millones de pesos por incumplimientos relacionados con el contrato de concesión.

Sin embargo, cuestionó la eficacia de las multas y advirtió que podrían terminar siendo consideradas por la empresa como un costo operativo en lugar de funcionar como un incentivo para mejorar el servicio.

CODECUC espera una respuesta judicial

Mientras el debate tarifario continúa y los usuarios enfrentan facturas cada vez más difíciles de afrontar, la demanda colectiva contra EJESA espera una primera resolución judicial.

Para CODECUC, el problema no se soluciona únicamente postergando los cortes. El planteo apunta a que el Estado y la empresa adopten medidas que permitan garantizar un servicio eléctrico adecuado y, al mismo tiempo, que los usuarios puedan afrontar el costo de la energía sin quedar atrapados en un ciclo de endeudamiento y riesgo de interrupción del suministro.