Tras el segundo encuentro del Foro por el Hábitat Digno y Acceso a la Vivienda, referentes sociales y vecinos expusieron la crítica situación que atraviesa la provincia, donde más de 60.000 familias carecen de un techo propio. Aguardan avances de la iniciativa presentada en la Legislatura para dar respuesta a sectores vulnerables.
En Jujuy, la problemática del acceso a la vivienda sigue siendo una cuenta pendiente de las gestiones del gobierno. El propio Carlos Sadir admitió que existe déficit habitacional.
Un reciente informe de la CTA “Frente Barrial” expuso que más de 64.000 familias jujeñas no tienen vivienda, por lo que pidieron declarar la emergencia habitacional. El número no hace más que reflejar que el sueño de la casa propia es cada vez más inalcanzable.
En este contexto complicado, se han llevado adelante ya dos encuentros del Foro provincial por el Hábitat Digno y Acceso a la Vivienda.
Silvia Valdiviezo, del Frente 22 de Agosto, dialogó con Radio 2 sobre lo que fueron estas reuniones. Expuso que el foro contó con la participación de arquitectos, abogados y vecinos de diversos barrios. Durante el encuentro se informó que el proyecto de ley de "Hábitat Digno" ya fue ingresado a la Legislatura provincial a través de la diputada Daniela Vélez del Partido Justicialista.
Remarcó que los asesores legales del foro destacaron que la ley es una herramienta indispensable para dar un marco normativo, relevar de forma científica las necesidades de los barrios y resguardar a quienes carecen del certificado de vivienda. Se anunció también la intención de expandir estos foros hacia el interior de la provincia.
Por otra parte, la dirigente social ratificó que el déficit habitacional en Jujuy alcanza a más de 60.000 familias, afectando de manera crítica a grupos vulnerables como personas con discapacidad, quienes denuncian falta de cupos, familias monoparentales y trabajadores de la economía popular.
Denunció que los requisitos actuales del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy (IVUJ) exigen adelantos financieros y cuotas que resultan inaccesibles para el salario de un empleado municipal, un trabajador estatal o un comerciante medio, cuyos ingresos no permiten cubrir las demandas de la institución.
