El tarifazo destapa la crisis de relación entre el Estado y la sociedad

El conflicto social por el tarifazo eléctrico crece en Jujuy y expone una vez más la desconexión entre la dirigencia política y las preocupaciones reales de la gente. Usuarios molestos por la situación impulsan una campaña de recolección de firmas para exigir que se detengan los aumentos en las boletas de energía, se suspendan los cortes del servicio y se mejore una prestación que, según las denuncias, presenta deficiencias recurrentes. Sin embargo, frente a un reclamo que va ganando volumen y legitimidad social, el oficialismo provincial y gran parte de la dirigencia política mantienen una llamativa indiferencia.

El gobernador Sadir no ha realizado hasta el momento ninguna referencia pública de fondo sobre la problemática, mientras en la Legislatura el oficialismo, junto a sectores del PJ socio del gobierno, ha optado por el silencio y la inacción. Lejos de promover una discusión seria sobre la estructura tarifaria, los costos del servicio y el impacto social de los aumentos, la mayoría parlamentaria acompaña la posición del Poder Ejecutivo. A ello se le suma la desafortunada intervención del vocero del gobierno, quien calificó los reclamos como un “circo político”, expresión que no hizo más que profundizar el malestar y la indignación de miles de usuarios que enfrentan dificultades muy severas para abonar sus facturas.

Pero detrás de las protestas existe una cuestión estructural que merece ser discutida. La tarifa eléctrica en Jujuy incorpora una importante carga de tasas e impuestos, más otros cargos que elevan en un 50 por ciento el monto facturado, que nada tiene que ver con el consumo real. De esta manera, la luz en Jujuy pasa a ser una de las más caras de Argentina.

El argumento utilizado para justificar esta situación es la necesidad de sostener financieramente a municipios con dificultades para recaudar recursos propios. Sin embargo, resulta discutible que la factura de energía sea utilizada como herramienta para resolver problemas de financiamiento municipal. Si los municipios enfrentan dificultades recaudatorias, corresponde revisar los mecanismos tributarios y las políticas de administración local, no trasladar esas deficiencias al costo de un servicio esencial.

La propia secretaria de Energía provincial defendió judicialmente este esquema y obtuvo un fallo favorable que dejó sin efecto una resolución impulsada por el gobierno nacional destinada a reducir la inclusión de tasas e impuestos y otros cargos en las facturas de servicios públicos. Más allá de la discusión jurídica, el debate sería: ¿hasta qué punto es legítimo financiar necesidades estatales mediante cargos incorporados a servicios indispensables para la vida cotidiana?

A su vez, tampoco puede ignorarse que la fragilidad financiera de los municipios tiene relación con un problema histórico que la política en la provincia nunca resolvió ni quiere resolver: la ausencia de una ley de coparticipación provincial moderna y equitativa, que se viene postergando desde 2015 con la primera promesa incumplida de Gerardo Morales, ya que podría haberle otorgado previsibilidad y oxígeno financiero a las comunas. La falta de esa herramienta consolidó un esquema de dependencia política y económica de los intendentes con la Casa de Gobierno, limitando la autonomía municipal y fortaleciendo mecanismos de disciplinamiento político.

A ello se le suma una política provincial de salarios en el sector público que le quita poder adquisitivo a más de 100 mil personas que hoy tienen dificultades graves para abonar su factura de luz y resienten el consumo, afectando la economía doméstica en la provincia.

En este contexto, la política mira desde lejos, inmersa en una distorsión institucional grave, ya que son los representantes de esa sociedad que paga sus dietas pero que simultáneamente no reciben nada a cambio, debido a que esa distorsión consiste en que, en vez de ejercer esa representación legítima y con responsabilidad, defienden los intereses del poder y de las empresas.

Aquí lo que está en discusión, más allá de la gravedad del tarifazo, es el modelo de relación entre el Estado y la sociedad. Todo un síntoma de una crisis política e institucional muy profunda.