Insólito: Carlos Stanic habría rematado una máquina millonaria solo por estar parada

En 2019, la compra fue presentada como un acontecimiento estratégico para la provincia. Funcionarios y el entonces gobernador Gerardo Morales destacaban que Jujuy era una de las pocas provincias del país que contaba con una tecnología de semejante nivel, adquirida con una inversión cercana a los dos millones de dólares.

El objetivo anunciado era ambicioso: destinar el 50 por ciento de la producción de concreto a rutas provinciales y el otro 50 por ciento a municipios y comunas municipales, además de incorporar la planta a un plan de pavimentación de 500 cuadras.

Sin embargo, con el paso de los años, las promesas quedaron muy lejos de los resultados. La utilización de la planta fue mínima y apenas se menciona como antecedente relevante la repavimentación de la ruta provincial número 2. Mientras tanto, numerosas obras se postergaron. Uno de los casos más evidentes es el de la ruta 79, un corredor de enorme importancia en el marco del proyecto bioceánico, cuyos kilómetros de tierra podrían haber sido intervenidos utilizando la maquinaria adquirida para estos objetivos.

La falta de planificación, de visión estratégica o la priorización de otros intereses por encima del bien común son hipótesis inevitables frente a semejante resultado. Lo cierto es que la planta fue comprada, nadie la utilizó y se transformó en un problema que nadie quiso resolver.

Jorge Rizzotti dejó el Ministerio de Infraestructura sin cumplir los objetivos. Luego llegó Carlos Stanic en su reemplazo, quien, lejos de revertir la situación, tomó la decisión aún más polémica: rematar la planta, argumentando que permanecía parada.

Hasta hoy no se conocen los fundamentos técnicos sólidos que permitan comprender por qué una maquinaria de semejante valor debía ser vendida en lugar de ponerse a trabajar.

Referentes vinculados a Vialidad de la provincia sostuvieron que existían trabajadores capacitados y que la provincia perdió una gran oportunidad para hacer obras y ahorrar recursos. La polémica se profundizó porque el remate habría terminado beneficiando a la empresa Jumy, vinculada históricamente al poder político, que habría adquirido la planta a un tercio del valor original y bajo un esquema de pago mediante obras.

Posteriormente, habría trascendido que la máquina fue transferida a otra firma privada.

Es decir, nos encontramos entonces con una inversión millonaria financiada por todos los jujeños que terminó sin cumplir con sus objetivos, sin resolver problemas de infraestructura vial y sin que la ciudadanía conozca con precisión qué ocurrió con ese patrimonio público millonario.

Esto explica la naturalización de la falta de explicaciones en este gobierno, ya que en una democracia sana implicaría debates legislativos sobre el tema, auditorías y respuestas inmediatas a solicitudes de interpelación a las autoridades del sector.

Cuando millones de dólares desaparecen de la agenda pública sin que nadie rinda cuentas, la pregunta deja de ser qué pasó con una máquina y pasa a ser qué tan capaces son las instituciones de proteger el patrimonio de todos los ciudadanos frente a los intereses de unos pocos.