El oficialismo esquiva la interpelación a funcionarios por la crisis energética

Resulta difícil comprender la indiferencia que exhiben las autoridades provinciales frente a un reclamo que ya no puede ser considerado aislado ni circunstancial. Miles de usuarios del servicio eléctrico de Jujuy han expresado su malestar mediante firmas, denuncias y quejas reiteradas por facturas que, en muchos casos, se han vuelto imposibles de afrontar para familias, comerciantes y emprendedores, mientras los cortes de energía continúan afectando de manera sistemática a distintas localidades de la provincia.

Sin embargo, frente a una problemática que impacta directamente sobre la calidad de vida de la población y sobre la actividad económica, el silencio oficial se ha transformado en una respuesta política en sí misma.

El gobernador Carlos Sadir no ha dado explicaciones contundentes sobre la situación; el organismo de control no ha logrado transmitir la imagen de un ente dispuesto a defender a los usuarios, y las autoridades energéticas parecen observar el problema desde una distancia burocrática incompatible con la gravedad de los hechos.

Más preocupante aún es el papel desempeñado por la Legislatura provincial. Después de casi una década de aumentos tarifarios, cuestionamientos al servicio y reclamos permanentes, la reacción de un puñado de diputados, algunos socios del poder, parece limitarse a convocar reuniones informativas, como si recién tomaran conocimiento de una realidad que afecta diariamente a miles de jujeños.

Cuando los problemas se acumulan durante años y adquieren dimensiones estructurales, el control parlamentario no puede reducirse a encuentros protocolares ni a pedidos de informes que rara vez producen consecuencias concretas.

Lo razonable en una democracia republicana sería que los funcionarios responsables fueran interpelados públicamente en el recinto para que expliquen las razones de los aumentos, las inversiones realizadas, los planes de mejora y las responsabilidades por las deficiencias del servicio.

En medio de tanta impunidad política, lo cierto es que nadie se hace cargo de los aumentos ni de los cortes, y nadie asume las consecuencias económicas que padecen los usuarios.

¿Y cuál es el papel de la Justicia en todo esto? En un Estado de derecho, cuando los organismos de control no responden adecuadamente, cuando el Poder Ejecutivo guarda silencio y cuando la Legislatura no ejerce con firmeza sus facultades de control, la gente espera que exista un Poder Judicial capaz de garantizar derechos y revisar los abusos.

La sensación en la calle es que la Justicia permanece en una posición distante respecto del conflicto, pero, sin embargo, la Justicia debería ser la última garantía para el ciudadano común.

Asistimos a un conflicto social de gran magnitud. La calidad institucional no depende solamente de quienes gobiernan, sino también de la capacidad de los tribunales para actuar con autonomía, celeridad y firmeza en defensa de los derechos de la sociedad.