El mandato del pueblo no es licencia para hacer lo que quieran

Cuando los dirigentes creen que el mandato que se les otorga es una licencia para hacer lo que quieran sin dar explicaciones o consultar, estamos frente a una clara distorsión de la democracia. Es una práctica que avanza hacia una democracia delegativa, donde el gobernante se cree dueño absoluto del poder, desligándose de la voluntad popular y menospreciando los mecanismos de control y fiscalización.

Este tipo de actitud conlleva peligros enormes: pérdida de legitimidad, concentración del poder en manos de unos pocos, y el riesgo de que nuestras instituciones se vean debilitadas y mancilladas. Nos lleva a un estado donde la discrecionalidad y la impunidad florecen, en vez de una democracia que escucha, que respeta y que rinde cuentas.

Por eso, hoy más que nunca, gobernar significa escuchar. Significa entender que hay una comunidad que necesita ser respetada y consultada. La verdadera democracia no puede existir sin participación activa y sin que quienes detentan el poder entienda que están en un mandato temporal y sobre todo, en un mandato que proviene del pueblo, y solo del pueblo.

Quienes gobiernan olvidan cuál es el verdadero poder de la ciudadanía en una democracia. Cuando la dirigencia actúa con la idea de que su autoridad no proviene del pueblo, sino que la tienen por encima de él, estamos en un camino muy peligroso para nuestra convivencia democrática.

Los riesgos de estas distorsiones son muy graves. En primer lugar, cuando los dirigentes creen que el poder que ejercen es absoluto y que no necesitan justificar sus decisiones ante nadie, se produce una pérdida de legitimidad del sistema. La democracia, que en esencia es el gobierno del pueblo, se ve debilitada cuando se olvidan o se subestiman las voces de quienes realmente son los dueños del poder: los ciudadanos.

Otro peligro importante es la concentración del poder en manos de unos pocos, que actúan sin controles ni responsabilidades. esto genera un clima de discrecionalidad y arbitrariedad, donde las decisiones se toman sin consultar, sin rendir cuentas y sin respetar los mecanismos de control que fortalecen la institucionalidad. es como si la gestión pública se volviera una propiedad privada, donde todo se decide a puertas cerradas, sin transparencia ni participación real.

Esto también puede abrir la puerta a prácticas corruptas y abusos de poder, porque la ausencia de fiscalización efectiva fomenta el favoritismo, la impunidad y la falta de respeto por las leyes. la confianza en las instituciones empieza a erosionarse, y la ciudadanía termina sintiéndose desconectada, alienada y, en muchos casos, desesperanzada.

En el largo plazo, estas distorsiones amenazan la estabilidad misma de la democracia. Porque si los gobernantes creen que no necesitan escuchar, consultar o rendir cuentas; si consideran que su poder es un derecho propio y no un mandato del pueblo, estamos caminando hacia formas autoritarias disfrazadas de democracias.

Por eso, es crucial que quienes ejercen el poder entiendan que gobernar implica escuchar, respetar y fortalecer los mecanismos de participación y control ciudadano. Solo desde allí, desde el respeto profundo por el poder soberano del pueblo, podremos seguir construyendo una democracia fuerte, auténtica y que garantice derechos y libertades a todos.

Sería bueno preguntarse sobre las razones profundas que suelen estar detrás de estas distorsiones en la política.

Una de las causas principales es el ego. Cuando un líder se ve a sí mismo como una figura superior, infalible o con derechos que van más allá de su mandato, pierde la visión real de su rol. El ego puede transformar a un funcionario en un patrón, creyéndose dueño de un territorio o incluso de las vidas y opiniones de las personas. Esa arrogancia alimenta la distancia con la ciudadanía y fomenta actitudes autoritarias.

Otra razón importante es la ignorancia sobre la responsabilidad cívica. Muchos dirigentes no comprenden que su tarea principal es servir y representar, no gobernar en forma absoluta. La responsabilidad cívica implica entender que su legitimidad proviene del pueblo, y que la autoridad no es un derecho propio, sino un mandato que se debe ejercer con obligación, transparencia y respeto. Cuando esa responsabilidad se ignora, se abre la puerta a abusos.

También está la ambición desmedida de poder. la historia del país, como en muchas otras naciones, tiene antecedentes de luchas por control y dominio. La aspiración a concentrar el poder, a perpetuarse en el cargo o a llenar vacíos de liderazgo con prácticas autoritarias, alimenta la idea de que el poder es una posesión personal, no una confianza que se debe devolver a la ciudadanía. esa sed de poder puede cegar a algunos dirigentes, llevándolos a ignorar las reglas democráticas.

No podemos dejar de lado la herencia de una cultura feudal propia de la historia del país, donde durante siglos se practicaron relaciones de dominación y paternalismo. En esa cultura, las élites consideraban que tenían derechos especiales, y que la toma de decisiones era una prerrogativa de unos pocos, sin necesidad de consulta ni participación. Esa cultura todavía está instalada en ciertos sectores, y se refleja en actitudes autoritarias que quieren hacer creer que tienen un poder absoluto y que la ciudadanía debe aceptar todo sin cuestionar.

Estas razones están entrelazadas, y juntas explican por qué algunos dirigentes subestiman el poder soberano del pueblo, y terminan perpetuando prácticas que distorsionan la democracia. Pero lo importante es la toma de conciencia sobre la situación y trabajar para construir una cultura política basada en el respeto, la responsabilidad y la participación activa.