La pregunta que circula en cada comercio de la peatonal y en cada mesa familiar es legítima: ¿dónde está el éxito de una gestión que lleva doce años atornillada al poder? La respuesta es dolorosa, pero evidente según el panorama actual: el éxito no está en el bolsillo del trabajador ni en la vidriera del comerciante, sino en el sostenimiento de una estructura estatal elefantiásica e ineficiente.
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El decreto de Sadir: redactado para todos menos para ellos
Lo que estamos viendo en Jujuy no es más que el choque frontal de un relato que se queda sin combustible frente a una realidad que ya no se puede tapar con decretos de austeridad de cartón piedra.
Han inflado la planta pública como moneda de cambio del clientelismo más rancio, demostrando una incapacidad supina para generar condiciones de inversión real en el sector privado. Prefirieron el camino corto de la deuda grosera para financiar esa supuesta “nueva matriz productiva”, una aventura delirante cuyos platos rotos hoy los paga el empleado, con salarios de miseria y un poder adquisitivo que se desploma. El resultado es un círculo vicioso letal: si el trabajador no tiene para consumir, el comercio no vende; y si el comercio no vende, el destino es la persiana baja o el despido.
Es indignante ver cómo el ajuste siempre se corta por el hilo más delgado, mientras la casta jerárquica sigue blindada en sus privilegios, inmune a un decreto inconsulto que parece redactado para todos menos para ellos. En definitiva, estamos ante un Estado ausente en servicios, pero presente en la opresión fiscal, que en doce años ha logrado el triste récord de precarizar la vida de los jujeños, mientras se jacta de una transformación que solo existe en sus despachos.
Esto termina, lamentablemente, en una provincia asfixiada, donde el éxito es solo para los que firman el decreto y la crisis, como siempre, para quienes mueven la economía doméstica de Jujuy.
Cuando el consumo se desploma de esta manera, no solo se frena la economía: se rompe el tejido social de Jujuy. El comercio de cercanía, ese que es el corazón de nuestros barrios, empieza a desaparecer, dejando locales vacíos y familias en la calle. Esta caída estrepitosa no es casualidad: es la consecuencia directa de un ajuste feroz destinado a alimentar las fauces de una deuda externa provincial que se volvió voraz y asfixiante.
Lo más grave es que, mientras esos dólares se van para cumplir con compromisos financieros de proyectos que no derraman un centavo en la gente, los servicios esenciales del Estado entran en una fase de precarización absoluta.
Estamos hablando de hospitales con insumos contados, escuelas con techos que se caen y una seguridad que apenas patrulla porque no hay presupuesto ni para el combustible. El Estado jujeño ha pasado de ser un supuesto motor de desarrollo a convertirse en un simple recaudador que ajusta la salud y la educación de sus ciudadanos para no entrar en default por sus propios delirios de grandeza. La consecuencia última es una desprotección total del ciudadano de a pie, que se encuentra atrapado entre un sueldo que no llega a la canasta básica y un sector público que, a pesar de seguir siendo gigante en los papeles, le ofrece cada vez menos calidad de vida.
Es el vaciamiento de lo público para pagar el costo de una fiesta a la que el pueblo nunca fue invitado.
Ocurre que en Jujuy opera la consolidación de un modelo de domesticación política y económica que asfixia cualquier intento de rebeldía sectorial. Tenemos una dirigencia empresarial que es quirúrgica para diagnosticar el problema y clara en el reclamo de oficina, pero que se vuelve de cristal a la hora de sostener un planteo firme frente al poder de turno.
Esa falta de energía colectiva no es casualidad ni desidia: es el resultado directo de un sistema diseñado para quebrar voluntades a través de la dependencia. En una economía donde el consumo interno está pulverizado y el poder adquisitivo es apenas un recuerdo, el sector privado queda acorralado en un callejón sin salida, donde el único cliente con billetera gorda es el Estado.
Aquí es donde se cierra el círculo vicioso: cuando el empresario deja de ser un motor independiente para convertirse en un proveedor condicionado, el reclamo pierde su esencia y se transforma en un libreto repetitivo, casi coreográfico, que el gobierno ignora porque sabe que no hay músculo detrás de la palabra.
Estamos ante una estructura de tinte feudal, donde el miedo al látigo administrativo o a la pérdida de la pauta y los contratos paraliza cualquier intento de quiebre.