El debate no es cuánto cuesta educar, sino cuánto cuesta no hacerlo bien

La pregunta que debería hacerse el Gobierno de Jujuy no es solamente cuánto logra ahorrar, sino qué está resignando la provincia para conseguirlo y cuál será el costo de esas decisiones dentro de cinco, diez o quince años.

En ese punto, la educación ocupa un lugar central. El sistema educativo no puede ser pensado únicamente desde una planilla presupuestaria, porque detrás de cada partida hay escuelas, docentes, alumnos, formación, infraestructura y, fundamentalmente, el futuro de una sociedad. El problema no es discutir si debe existir disciplina fiscal, sino qué prioridades establece el Gobierno cuando distribuye los recursos disponibles. Porque si para alcanzar determinados objetivos fiscales se deterioran las condiciones de funcionamiento del sistema educativo, se debilita la formación docente, se desmotiva a quienes enseñan o se profundiza el conflicto con la comunidad educativa, el supuesto ahorro de hoy puede convertirse en un costo mucho mayor mañana.

En este escenario, el Ministro de Hacienda y Finanzas, Federico Cardozo, aparece como una pieza central de la política económica del Gobierno. Particularmente en las discusiones salariales con los gremios docentes, de hecho, durante las negociaciones paritarias de 2026 fue el propio ministro quien explicó públicamente la propuesta económica oficial. Pero justamente allí aparece una discusión política que merece ser planteada: ¿hasta dónde la lógica fiscal debe condicionar las decisiones de una política educativa? La educación necesita recursos, pero también necesita una conducción con objetivos propios, capacidad de planificación y una mirada estratégica que vaya mucho más allá del cierre de las cuentas de un ejercicio.

La actual Ministra de Educación, Daniela Teseira, asumió el cargo a comienzos de 2026 y posee formación específica en gestión educativa y educación inclusiva, según el decreto de designación. Por eso, el análisis de su gestión debería centrarse en sus decisiones, sus resultados y su capacidad para conducir un sistema complejo.

Aparece una cuestión particularmente delicada: la relación con los docentes. El Ministerio sostiene que durante 2026 abrió mesas técnicas y espacios de diálogo con los gremios y que impulsa instancias de participación para proyectar la educación hacia 2035; también ha desarrollado políticas como la titularización de docentes y nuevas propuestas para la formación y la educación superior.

Existen iniciativas que deben ser reconocidas y evaluadas, pero ninguna política educativa puede medirse solamente por los anuncios, los actos oficiales o las reformas administrativas. También debe medirse por la relación que logra construir con quienes todos los días están frente a las aulas. Un Gobierno puede tener un excelente diseño técnico y fracasar políticamente si no consigue que los docentes se sientan escuchados, respetados y parte de un proyecto común.

La educación no puede construirse enfrentando permanentemente al Estado con la comunidad educativa; tampoco puede reducirse al problema salarial, aunque el salario docente sea una cuestión fundamental. Hay que discutir qué tipo de escuela quiere Jujuy, qué conocimientos necesitan sus jóvenes, cómo se prepara a los docentes, cómo se incorporan las nuevas tecnologías, cómo se recuperan los aprendizajes, cómo se atienden las desigualdades y cómo se prepara a los estudiantes para una provincia que pretende presentarse ante el país y el mundo como una tierra de oportunidades.

Porque existe una contradicción profunda entre hablar de desarrollo y descuidar la formación de los recursos humanos que ese desarrollo necesita.

Jujuy puede tener inversiones, minería, turismo, producción, infraestructura y nuevos emprendimientos, pero ninguna de esas oportunidades será suficiente si la provincia no cuenta con una población preparada para los desafíos que vienen. El recurso humano no aparece de un día para otro: se forma durante años en las escuelas, institutos, universidades y en los espacios de capacitación.

Por eso, la educación no debería ser considerada como un gasto que hay que reducir cuando las cuentas se complican, sino una inversión estratégica que puede determinar la capacidad de crecimiento de la provincia durante las próximas décadas.

El verdadero desafío del Gobierno, entonces, no consiste simplemente en sostener el equilibrio fiscal, sino en conseguir que ese equilibrio sea compatible con una provincia que pueda desarrollarse.

Si la educación queda subordinada a la lógica del ajuste, Jujuy corre el riesgo de ahorrar recursos en el presente para terminar pagando mucho más caro el deterioro de su capital humano en el futuro.

El debate sería: no cuánto cuesta educar, sino cuánto le puede costar a Jujuy no hacerlo bien.