La guerra fría entre comunidades originarias y el gobierno provincial
Lo que está sucediendo en Jujuy con las comunidades originarias ya no puede interpretarse como un simple conflicto administrativo por la titularidad de unas tierras, ni como una diferencia circunstancial entre organizaciones indígenas y el gobierno provincial.
Estamos frente a una disputa mucho más profunda: el reconocimiento de derechos ancestrales, la defensa del territorio, la autonomía de los pueblos originarios y, fundamentalmente, el modelo de provincia que pretende imponer el poder político y económico.
Las declaraciones de la doctora Silvana Llanes, anunciando que las comunidades endurecerán su posición y que no permitirán que el gobierno avance arbitrariamente sobre sus territorios, constituyen una señal de alarma que las autoridades deberían tomar con absoluta seriedad. Cuando un pueblo siente que las instituciones que deberían garantizar sus derechos se convierten en obstáculos para ejercerlos, la desconfianza deja de ser una percepción y se transforma en un conflicto político e institucional de enormes dimensiones.
El gobierno radical de Jujuy parece no comprender, o directamente no querer comprender, que los territorios ancestralmente ocupados por las comunidades indígenas no son simples parcelas fiscales disponibles para las decisiones discrecionales de un funcionario. La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 17, reconoce expresamente la preexistencia étnica y cultural los pueblos indígenas, garantiza la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan y establece la obligación del Estado de asegurar su participación en las decisiones vinculadas con sus recursos naturales y los demás intereses que los afectan.
A esto se suma el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), incorporado al ordenamiento argentino mediante la ley 24.071, que obliga a los estados a consultar a los pueblos indígenas, de buena fe y mediante procedimientos adecuados, cada vez que se proyecten medidas susceptibles de afectar sus derechos. No estamos hablando de concesiones graciosas del poder político, sino de obligaciones jurídicas que ningún gobernador, legislador ni funcionario provincial pueden desconocer.
El antecedente de Caspalá, los cuestionamientos a la reforma constitucional de 2023 y la persistente demora en la regularización territorial y la entrega de títulos comunitarios conforman un escenario que alimenta legítimamente la preocupación de las comunidades. Resulta particularmente grave que, después de décadas de reclamos, tantos pueblos continúen sin la seguridad jurídica que les corresponde sobre territorios que constituyen su historia, su identidad, su cultura y su sustento económico. El problema no es solamente la falta de un papel o una escritura: es la posibilidad concreta de que esa ausencia de reconocimiento termine facilitando decisiones administrativas, proyectos productivos, concesiones o intervenciones sobre territorios cuya ocupación ancestral debe ser respetada.
Y aquí aparece una pregunta que el gobierno provincial no puede seguir esquivando: ¿qué intereses están detrás de semejante resistencia a reconocer plenamente los derechos territoriales de las comunidades? Jujuy es una provincia donde el litio, la minería, el turismo, las tierras de alto valor estratégico y otros negocios vinculados con los recursos naturales despiertan enormes intereses económicos. En ese contexto, cualquier intento de avanzar sobre territorios indígenas sin garantías jurídicas, información suficiente y consulta previa despierta sospechas inevitables.
Las comunidades denuncian que existe una relación cada vez más conflictiva entre los intereses extractivos y la defensa de sus territorios. Sería irresponsable presentar como hechos probados eventuales acuerdos irregulares o negocios particulares sin pruebas, pero también sería inadmisible que las autoridades pretendieran que la sociedad ignore los conflictos de intereses que deben investigarse y transparentarse. El Estado tiene la obligación de demostrar que sus decisiones responden al interés público y no a los beneficios de determinados sectores empresariales o políticos.
La reforma constitucional jujeña de 2023 profundizó esa desconfianza: su tratamiento estuvo atravesado por fuertes cuestionamientos sociales y denuncias de falta de consulta a los pueblos indígenas. Incluso los organismos internacionales de control laboral han advertido que determinadas disposiciones constitucionales podrían afectar derechos reconocidos por el Convenio 169 de la OIT y que su aplicación debe contemplar la consulta correspondiente. No se puede invocar el federalismo, la autonomía provincial o el dominio sobre los recursos naturales para pasar por encima de derechos constitucionales y compromisos internacionales asumidos por la Argentina.
Tampoco puede confundirse la potestad del Estado de administrar sus bienes con una supuesta autorización para apropiarse, disponer o intervenir arbitrariamente sobre territorios de ocupación tradicional indígena. Que una tierra figure registralmente como fiscal no resuelve por sí solo la cuestión de los derechos ancestrales que puedan existir sobre ella. El reconocimiento de la propiedad comunitaria no puede quedar subordinado indefinidamente a la voluntad política de un gobierno de turno; mucho menos puede utilizarse la falta de títulos —que en numerosos casos es consecuencia de la propia demora estatal— como argumento para desconocer la ocupación histórica de las comunidades.
La decisión de las organizaciones de impedir el ingreso no autorizado de funcionarios o representantes de empresas a sus territorios debe leerse en ese contexto de creciente desconfianza. No se trata de desconocer el orden jurídico ni de establecer territorios ajenos a la Constitución, sino de exigir que el propio Estado respete las normas que regulan su intervención. La consulta previa, libre e informada no es una formalidad burocrática que se cumple después de haber tomado las decisiones; es una garantía fundamental para que los pueblos puedan participar efectivamente en aquellas determinaciones que comprometen su presente y su futuro.
El gobernador Carlos Sadir tiene una responsabilidad política ineludible. No alcanza con discursos sobre desarrollo, inversiones, crecimiento económico o generación de empleo cuando una parte de la población siente que debe organizarse y resistir para defender aquello que considera su propio territorio.
El desarrollo no puede construirse a costa de los derechos de quienes habitan ancestralmente esas tierras; tampoco puede haber una política minera legítima si las comunidades afectadas son tratadas como un obstáculo, una molestia administrativa o un actor al que se convoca solamente cuando las decisiones económicas ya están tomadas.