¿Chiste o provocación? Bravo quiere agregar tasas a la boleta de luz
La propuesta del intendente de San Pedro, Julio Bravo, de incorporar las tasas de barrido y limpieza a la factura de energía eléctrica constituye una nueva provocación a los jujeños.
No es un dato menor que la iniciativa surja precisamente en la ciudad donde nació la campaña para reunir las 19 mil firmas exigidas por ley para impulsar una iniciativa popular contra los abusos tarifarios.
Más allá de la provocación política, la propuesta desnuda el fracaso de la política tributaria de San Pedro y de los municipios jujeños en general, y vuelve a poner sobre la mesa la necesidad impostergable de sancionar una ley de coparticipación que permita oxigenar las finanzas municipales sin seguir trasladando la carga a los vecinos.
La respuesta de la senadora Carolina Moisés, quien calificó de «ridículo» a Bravo, abrió otro capítulo de una disputa política que no puede ocultar el problema de fondo: unos 40 mil jujeños reclaman una respuesta institucional frente a facturas de luz que, con tasas e impuestos, llegan a encarecerse un 47 por ciento. Sin embargo, el oficialismo parece haber elegido el silencio y la resistencia, tanto desde el Ejecutivo como desde la Legislatura, mientras se atrincheran en la defensa de EJESA, empresa cuestionada por la precariedad de su servicio, el peso insoportable de sus tarifas y las graves denuncias por presunta evasión del IVA que se tramitan en la Justicia Federal.
La pregunta es inevitable: ¿quién defiende a los usuarios? Porque los municipios necesitan recursos, pero no pueden convertir la factura de la luz en una ventanilla permanente de recaudación. Los legisladores tienen una obligación: escuchar a los ciudadanos y dar respuestas, no seguir postergando un reclamo que ya tomó dimensión popular.
La propuesta del intendente de San Pedro, Julio Bravo, de incorporar las tasas de barrido y limpieza a la factura de energía eléctrica profundiza además una contradicción política que ya tiene repercusiones en toda la provincia: mientras miles de jujeños reclaman alivio frente al peso de las tarifas, un jefe comunal plantea utilizar ese mismo instrumento para ampliar la recaudación municipal.
La iniciativa adquiere una dimensión todavía más delicada porque San Pedro fue uno de los puntos de partida de la campaña ciudadana para reunir las miles de firmas necesarias para impulsar una iniciativa popular contra los abusos tarifarios. En ese contexto, la reacción de los vecinos no puede interpretarse como una simple resistencia a pagar impuestos, sino como una expresión de malestar frente a un sistema que consideran cada vez más oneroso y poco transparente.
Los municipios necesitan recursos para sostener sus servicios, pero esa necesidad también revela el fracaso de un esquema de financiamiento que los obliga a buscar permanentemente nuevas fuentes de recaudación. Allí aparece la responsabilidad de la Legislatura, que no puede seguir postergando una ley de coparticipación municipal que establezca criterios previsibles y equitativos de distribución de los recursos provinciales.
Mientras tanto, el Gobierno jujeño tampoco puede desentenderse de un conflicto que compromete la confianza pública en la política tarifaria y en el funcionamiento de los servicios esenciales. La situación de EJESA, cuestionada por los usuarios por el costo de sus facturas y la calidad de sus prestaciones, agrega otro factor de tensión: incorporar nuevos cargos municipales sin resolver previamente los reclamos existentes puede profundizar la sensación de que la factura eléctrica se ha convertido en una herramienta de recaudación de distintos niveles del Estado.
El riesgo político es evidente: que la indignación ciudadana deje de concentrarse exclusivamente en la empresa prestataria y alcance también a los intendentes, legisladores y funcionarios que no ofrecen respuestas concretas.
San Pedro vuelve así a ocupar un lugar central en una discusión que atraviesa a toda la provincia. La ciudadanía ya demostró que puede organizarse y transformar su descontento en una demanda colectiva. Les corresponde a sus representantes demostrar que están dispuestos a escucharla, porque el verdadero desafío no consiste en encontrar nuevas formas de cobrarles a los vecinos, sino en construir un sistema de financiamiento municipal que garantice los servicios públicos sin seguir castigando el bolsillo de quienes ya soportan una carga económica cada vez más difícil de afrontar.