Las 10 prioridades del acuerdo por la educación en Argentina

El documento resalta la necesidad de hacer frente a tres urgencias fundamentales en el sistema educativo obligatorio: 1) ampliar la cobertura con calidad en el nivel inicial, 2) priorizar la alfabetización en la primaria, y 3) acompañar las trayectorias en el nivel secundario para lograr terminalidad con calidad.

En el nivel inicial, el foco está puesto en la universalización de la sala de 3 años, un objetivo que ya han planteado varias provincias como Córdoba y San Luis, y al que recientemente se sumó Buenos Aires. Este es un paso fundamental, ya que la educación temprana es clave para igualar oportunidades desde los primeros años de vida. Además, el acuerdo propone la expansión de los jardines maternales para niños de 45 días a 2 años, asegurando calidad en los establecimientos, lo que no solo responde a una necesidad educativa, sino también social, al permitir la integración de más mujeres al mercado laboral.

En el nivel primario, la prioridad es la alfabetización inicial, ya que sin una sólida base en la lectura y escritura, los estudiantes se ven condenados a una trayectoria escolar plagada de dificultades. En este sentido, Argentinos por la Educación ha promovido desde 2023 la Campaña Nacional por la Alfabetización, que logró comprometer a varios gobernadores y al entonces candidato presidencial Javier Milei a priorizar este tema en sus agendas de gobierno. Asimismo, el Consejo Federal de Educación anunció un Compromiso Federal por la Alfabetización, que incluyó la implementación de planes en todas las provincias, reconociendo la urgencia de asegurar que todos los niños puedan leer y escribir con fluidez. El acuerdo también subraya la importancia de las matemáticas, un área en la que el sistema educativo argentino ha mostrado falencias graves, y que es fundamental para el desarrollo cognitivo y para la preparación de los estudiantes en un mundo cada vez más digital.

En el nivel secundario, el desafío más acuciante es lograr que los estudiantes no solo completen su educación a tiempo, sino que lo hagan con aprendizajes significativos. Según un informe del Observatorio de Argentinos por la Educación, solo 13 de cada 100 estudiantes que ingresan a la primaria terminan su escolaridad en el tiempo previsto y con los conocimientos adecuados en Lengua y Matemática. Este dato revela un fracaso estructural que demanda reformas profundas. Varias provincias ya han comenzado a implementar cambios, como la Ciudad de Buenos Aires con su plan Secundaria Aprende y la provincia de Buenos Aires con modificaciones en el régimen académico. El acompañamiento de las trayectorias es una de las claves para evitar la deserción y garantizar una educación de calidad para todos los estudiantes.

El segundo gran eje del acuerdo se refiere a la gestión del sistema educativo, y aquí se identifican cuatro prioridades: 1) fortalecer el gobierno de la educación, 2) garantizar una inversión suficiente y de calidad, 3) mejorar la producción de información y la evaluación educativa, y 4) potenciar la formación, carrera y salario de los docentes.

El fortalecimiento del gobierno de la educación implica una revisión del federalismo en el ámbito educativo. En un país donde las responsabilidades entre Nación y provincias están a menudo difusas, el acuerdo propone una clarificación de competencias y una mejor distribución de recursos a través de una mayor coordinación fiscal. El federalismo educativo, tal como está planteado actualmente, presenta serias dificultades para garantizar equidad y eficiencia en la gestión, por lo que esta propuesta de reforma es clave para resolver las tensiones que se producen en los distintos niveles de gobierno.

La inversión educativa, otro de los pilares de este eje, también necesita una revisión urgente. La Ley de Educación Nacional establece un piso de inversión del 6% del PBI en la educación obligatoria, una meta que solo se alcanzó en 2015 y que ha sido incumplida desde entonces. En los últimos años, diversos informes han alertado sobre una caída significativa en el financiamiento del sistema educativo. Un relevamiento reciente de CTERA mostró que en el primer semestre de este año, el presupuesto para la función "educación y cultura" se redujo en un 41,6% en términos reales, casi el doble de la disminución promedio del gasto público nacional. Sin una inversión adecuada, las reformas que el sistema necesita difícilmente podrán implementarse.

La producción de información y la evaluación educativa son esenciales para tomar decisiones informadas y mejorar el sistema de manera continua. El acuerdo propone consolidar el Sistema Integral de Información Digital Educativa (SInIDE) y crear una política de evaluación a diez años, lo que brindaría previsibilidad y permitiría realizar un seguimiento constante de las principales variables educativas. También se sugiere que la información obtenida a través de estos sistemas sea utilizada para retroalimentar y mejorar el desempeño de las escuelas.

La formación, la carrera y el salario de los docentes son abordados como un eje central. Para asegurar una educación de calidad, es indispensable que los docentes reciban la formación adecuada y que su carrera sea atractiva no solo desde el punto de vista económico, sino también en términos de prestigio social. En este sentido, el acuerdo propone fortalecer la formación inicial y continua, además de crear una carrera profesional que recompense el esfuerzo y la dedicación de los docentes.

El tercer y último eje del acuerdo se refiere a la transformación de las escuelas. Aquí se identifican tres prioridades: 1) robustecer los tiempos, espacios y condiciones para el aprendizaje, 2) mejorar la gestión escolar, y 3) priorizar los contenidos curriculares socialmente relevantes.

El primer punto se centra en mejorar las condiciones de infraestructura y equipamiento de las escuelas. También se propone realizar un relevamiento sobre la cantidad de horas y días de clase efectivos por escuela, con el objetivo de cumplir con la ley que establece un mínimo de 180 días de clase. Para garantizar una educación inclusiva, el acuerdo plantea la necesidad de extender la jornada escolar, especialmente en contextos vulnerables, donde la escuela cumple un rol clave no solo en lo educativo, sino también en lo social.

La mejora de la gestión escolar es otro de los puntos clave para lograr una transformación real del sistema. El acuerdo propone reducir la carga administrativa sobre los directivos, para que puedan concentrarse en la tarea pedagógica y en la innovación educativa. Este es un aspecto crucial, ya que muchas veces los equipos directivos están sobrecargados de tareas burocráticas que les impiden cumplir plenamente con su rol de liderazgo pedagógico.

El acuerdo destaca la necesidad de redefinir los contenidos curriculares para que sean socialmente relevantes. Se propone alinear los diseños curriculares con tres grandes objetivos: la formación ciudadana, la inserción laboral y el acceso a estudios superiores. Este enfoque busca que la educación no solo prepare a los estudiantes para aprobar exámenes, sino que los forme para ser ciudadanos activos y críticos, capaces de integrarse de manera plena en la sociedad y en el mercado laboral.