Las provincias no quieren perder el control petrolero
Los mandatarios provinciales ya se encuentran reunidos en la Casa de Chubut, donde buscan posiciones sobre la nueva Ley de Hidrocarburos, para luego partir a la reunión con los funcionarios nacionales.
El interés de capitales extranjeros por invertir miles de millones de dólares modificaron la escena y los gobernadores no quieren que sus jurisdicciones pierdan peso en la discusión y, mucho menos, regalías.
Con la iniciativa que lleva adelante el Gobierno Nacional y que las provincias resisten se presentan nuevos plazos de exploración y explotación diferenciados por tipo de yacimiento. Con éstos se revisan las condiciones para su renovación y se distingue su duración entre convencionales, no convencionales, plataforma continental y mar territorial. En las concesiones se mantiene el plazo de 25 años para el petróleo convencional, se establecen 35 años para el shale y 30 para en aguas profundas; en los tres casos se establece la posibilidad de una prórroga de 10 años.
El nuevo proyecto que intenta poner en vigencia el Gobierno Nacional, reemplazaría la figura del "acarreo por el pago del canon de ingreso" a las áreas que las compañías ganen en las licitaciones en el futuro y eso es parte de la "letra chica" que se debe discutir y consensuar, dijo el gobernador de Neuquén, Jorge Sapag.
La empresa provincial Petróleo & Gas de Neuquén tiene asociaciones con YPF, EXXON, Shell, Total, Wintershall para explorar en Vaca Muerta y "hacia atrás nada se cambia", agregó Sapag, quien aclaró que las nuevas condiciones se aplicarán a los nuevos contratos.
El potencial del yacimiento de shale de Vaca Muerta y el interés de capitales extranjeros por invertir allí, hace que los gobernadores no quieran que sus jurisdicciones pierdan peso en la discusión y, menos, en el reparto de regalías.
También se discute el mantenimiento de las regalías y aportes en concepto de responsabilidad empresarial (RSE) y para infraestructura; en este punto hay que destacar que las regalías son el único mecanismo de percepción de la renta petrolera.
Aunque no está en la redacción del proyecto, las petroleras aportarían a las provincias el 0,5% de la inversión comprometida en concepto de RSE, y se destinaría el 1% a obras de infraestructura.
Los pliegos de las licitaciones también están en la mesa de diálogo, el PEN pretende que deben ser uniformes en todas las jurisdicciones y se eliminan las reservas de áreas y el sistema de acarreo.
Los gobernadores también discutirán los mecanismos de adjudicación de áreas por licitación competitiva: priorizando las empresas que propongan la mayor inversión y actividad exploratoria.
Se establece un régimen especial para la importación de bienes e insumos, mediante programas fiscales y tributarios provinciales y municipales, homogéneos y estables.
Además se impide que los municipios dicten impuestos sobre la industria petrolera, se fija la alícuota de Ingresos Brutos en el 3 por ciento, y se quita el impuesto a los sellos en los contratos.
Se replican los beneficios del Decreto 929, que posibilitó el acuerdo YPF-Chevron, aunque esta vez el piso de los desembolsos que entran en este esquema será de 250 millones de dólares.
La iniciativa nacional contempla que las provincias puedan percibir ingresos desde el sector petrolero sólo por la vía del cobro de regalías y elimina, por ejemplo, el acarreo, con el que las arcas provinciales se venían quedando con otra parte de la renta.
Con estos puntos en discusión queda claro que el eje de la discusión sobre la nueva Ley de Hidrocarburos es económico: cuánto podrán cobrar las provincias petroleras a las compañías que exploten sus yacimientos.
La Nación quiere restringir eso al 12% de regalías más 0,5% para acciones de responsabilidad empresaria y 1% para obras de infraestructura.
Los gobernadores no están de acuerdo porque perderían millones de dólares que hoy sí pueden cobrar.