2018, un año de austeridad
El gobierno de Jujuy se prepara para un año de debates de fondo en el plano nacional que podrían redundar en menos recursos; para afrontarlo, deberá recaudar más, gastar mejor y eliminar el derroche de algunas áreas.
A menos de 24 horas de terminadas las elecciones, el presidente Mauricio Macri reconoció abiertamente en conferencia de prensa que la deficiencia en el gasto público es un problema que tiene anclada a la economía.
El país se endeuda para cubrir los baches fiscales, en una situación insostenible en el mediano plazo.
La provincia tomó nota del ajuste que tiene en carpeta el gobierno nacional y el propio gobernador, Gerardo Morales, reconoció en conferencia de prensa que 2018 será un año para “ajustarse el cinturón” y gestionar “con austeridad”.
El gobierno tiene poco margen de maniobra a la hora de equilibrar sus cuentas.
De los 2.000 millones de pesos que gasta por mes, 1.500 se van en salarios. Jubilar a los empleados públicos que están en condiciones de hacerlo es una opción que llevará tiempo y buenos acuerdos para que los futuros jubilados no caigan en la pobreza como consecuencia de las desprolijidades del inaudito sistema actual de liquidaciones de sueldo.
"Esto no significa que vamos a echar gente, no vamos a echar a nadie" respondió el gobernador, con una mueca de molestia por la consulta sobre el ajuste.
El gobierno asegura, no obstante, que tiene buenos datos para mostrar ante el gobierno nacional.
Según el ministro de hacienda de la provincia, Carlos Sadir, Jujuy es la provincia del país que más aumentó su recaudación en el último año y la quinta que más redujo sus gastos.
El aumento de la recaudación según el funcionario, vino de la mano de la inclusión de comercios informales en la formalidad, es decir nuevos contribuyentes.
La reducción del gasto, en tanto, fue ayudada por la eliminación de derroches sin sentido. El gobierno asegura que compra a precios reales y no sobrevaluados, contiene pagos cuasi delictuales en áreas que demandaban combustibles y viáticos.
El precio de la obra pública se habría reducido a partir de licitaciones en donde la competencia entre las empresas oferentes es real y no una simple pantalla de negocios pre-adjudicados a amigos de la política.
Aún si todo esto fuera como el gobierno lo presenta, su incidencia sigue siendo mínima.
Por eso el gobierno espera que el año próximo los proyectos económicos como el parque solar y el crecimiento del turismo, comiencen a derramar.
Mientras tanto, la administración deberá gestionar, al decir de Morales, con el cinturón ajustado.