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Continúa el avance del gobierno sobre tierras en los diques

Residentes de la zona comenzaron a recibir notificaciones de desalojo bajo amenazas de intervención policial.

  • Días después de las elecciones del 7 de mayo, comenzaron a llegar notificaciones a residentes de la zona de los diques intimándolos a desalojar el lugar.
  • Representantes de los mismos consideran que el gobierno busca continuar con iniciativas de emprendimientos hoteleros en el lugar.

A mediados del año pasado se modificó una ley que regula la venta de tierras en los alrededores de diques La Ciénaga y Las Maderas. Referentes de comunidades de la zona consideraron oportunamente que el favor otorgado por la Legislatura al Ejecutivo tenía fines económicos y que las tierras serían vendidas para personas con ingresos importantes o emprendimientos hoteleros y turísticos.

Pablo Gutiérrez, de una organización campesina de los Perilagos, recordó que hasta 2017 la zona era un área natural protegida de dominio público; con la ley se permitió al gobierno, desde la Agencia de Desarrollo Sostenible de los Diques, vender las tierras. Presentaron un recurso de amparo ambiental y colectivo pidiendo la inconstitucionalidad de esa ley, la justicia jujeña no hizo lugar a ello, y se presentó el mismo recurso en la Corte Suprema de Justicia, desde donde aun no hay novedades al respecto.

Las denuncias de desmontes y otras situaciones similares son constantes, y la semana pasada, de acuerdo a Gutiérrez, comenzó a circular un nuevo llamado a licitación para venta de lotes ya medidos y numerados. La apertura de sobres se concretaría en junio.

La zona de los Perilagos nuevamente en un foco de conflicto

“En la zona no hay acceso a agua potable de red, hay electricidad pero limitada. Estos servicios se niegan a las familias que viven hace cuatro generaciones en el lugar y se da la posibilidad a quienes tienen mucho poder adquisitivo”, dijo.

El mismo referente aseguró que dos días después de las elecciones de mayo, el 9 de este mes, una familia del lugar recibió una notificación de desalojo sin membrete ni remitente “pero firmada por la asesora legal de la Agencia de Desarrollo Sostenible. Les daba 24 horas para desalojar el predio que habita, y si no, se intervendrá con la policía”.

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