FPV de Jujuy también arremete contra la justicia

Para los legisladores que aún responden a Eduardo Fellner (dados sus antecedentes es válida la aclaración), es ilegítima la detención de la dirigente Milagro Sala, acusan a la justicia de desconocer “las garantías constitucionales a ex funcionarios provinciales”, sorprendidos por el avance de las investigaciones judiciales, tal acostumbrados al cajoneo reiterado de causas que se observó cuando ellos formaban parte del poder. 

"Hubo detenciones abusivas y sin reparar en el debido proceso”, afirman los que están acostumbrados a garantizar la impunidad de sus amigos.

El extraño razonamiento estuvo a cargo del presidente de esa bancada, Javier Hinojo, durante la última sesión ordinaria de la Legislatura, quien expresó un reclamo a la justicia, para que actúe en el marco de “un proceder más responsable, equitativo y menos teñido de un tinte político”.

El legislador no valoró que las causas que se están ventilando ahora, datan en muchos casos de 10 a 14 años atrás, tiempo en que el gobierno de Fellner cercenó a la justicia de toda posibilidad de actuar con independencia y solidez.

Hinojo ahora amenaza con presentar un “pedido de jury de enjuiciamiento en contra el fiscal General de la Acusación, Sergio Enrique Lello Sánchez; el agente Fiscal 6, Gustavo Araya; y el juez de Control Penal, Isidoro Cruz, por algunos procedimientos judiciales “que vemos que son de extrema gravedad”, en un evidente circo que se está montando a fin de privar a la justicia de actuar en causas que todavía no proscribieron. La prescripción de los delitos parece ser el principal anhelo de los fellneristas por estas épocas. 

Hinojo argumentó esta posición de su banca, como representante del pueblo, basándose en los operativos avalados por la Justicia para detener a ex funcionarios “mantenerlos privados de su libertad sin que se le garanticen los derechos a una legítima defensa y a aportar las pruebas que sean necesarias para realizar un descargo que se ajuste a derecho” dijo.

No tuvo en cuenta la cantidad de “arrepentidos” que aparecen en cada expediente, dejando al descubierto los atropellos de una gestión que llegó a su fin luego de años de abusar del estado.

Intentó aclarar Hinojo que la referencia no es en contra “de que se investigue a alguien en particular, creemos que se debe investigar y que la Justicia tiene que dilucidar si los sospechados cometieron o nó algún delito”, dijo como quien no quiere la cosa.

Pero no tuvo en cuenta que la justicia tiene hoy avanza porque, al menos por el momento, gozo de libertad para indagar en los desaguisados que se cometieron luego de décadas de saqueo del Estado. A través de sus representantes, jueces y fiscales, quienes toman decisiones basándose en la coherencia de los actos investigados y no en el razonamiento de un político, la justicia procede.

Acostumbrado a la impunidad, Hinojo aseguró que se observa una extralimitación de la Justicia en estos casos puntuales, cuando en realidad el derecho procesal da amplia libertad a la justicia para investigar de acuerdo al criterio más justo, con o sin la privación de la libertad de la persona acusada evaluando previamente el accionar de los imputados y no recibiendo una orden política.

“No vamos a compartir de ningún modo este accionar, pero queremos dejar en claro que no estamos pidiendo inmunidad y menos aún impunidad", reitera. No aclares que oscurece, reza un conocido refrán.