El fiscal Diego Funes actuó de oficio para llegar a esta instancia, y además, la abogada local Amelia de Dios, consideró que la situación amerita la renuncia del Ministro de Seguridad, Guillermo Corro.
El propio Morandini profundizó sobre su situación, arresto, situación actual, y amenazó con continuar avanzando hasta saber quién dio la orden de su detención.
Embed - Morandini tras imputaciones a penitenciarios: “queremos saber quién ordenó mi detención”
Elevación a juicio
“Ayer tomamos notificación, a partir de la instrucción de la fiscalía de Funes, que actuó de oficio por las situaciones que atravesamos en nuestra detención, que inició una investigación. Somos querellantes en la misma y nos notificaron la etapa de instrucción del fiscal. El mismo solicita la elevación a juicio a 23 integrantes del Servicio Penitenciario, entre ellos directivos, los jefes del pabellón donde estuvimos alojados los primeros tres días, y diferentes agentes que prestan servicio en la unidad”.
Pruebas
“En mi caso denuncié (que) estando en el penal, en una carta que hago pública (a través de integrantes de) CONADU Histórica, de las situaciones de detención, y entiendo que el mismo Servicio Penitenciario salió a desmentir mis denuncias y las afirmaciones de mi pareja. Hoy, después de cerrar la instrucción, Funes presentó las pruebas que tienen que ver con registros fílmicos que se dan dentro del Servicio Penitenciario, que son propios del mismo, y de una serie de entrevistas de testigos, tanto del Servicio Penitenciario, agentes, como de la población penitenciaria, presos, que no solamente afirmaron lo que denunciamos sino que, además, dan cuenta que esta práctica vendría a ser algo habitual dentro del Servicio Penitenciario. De manera institucionalizada, no como una práctica para el tratamiento de los presos bajo condiciones totalmente deshumanizantes, vejantes, y que ponen en fragilidad y vulnerabilidad a cualquier recluso”.
El material fílmico
“Eso es lo que puso como prueba y lo que llevó a que el fiscal cierre la etapa de instrucción. Por lo menos de su parte, el recogimiento de estos registros fílmicos, a los cuales el Ministerio accedió a partir de una solicitud que hizo al Servicio Penitenciario, y también el mismo Ministerio se hace presente en el Servicio Penitenciario, de acuerdo al oficio que libró el fiscal, y hace constataciones en el lugar en las condiciones en las cuales son mantenidos y alojados los presos en este pabellón, que se llama también de castigo. A los presos los tienen desnudos, alimentándose con la mano, en situaciones totalmente humillantes para cualquier humano. Todo eso forma parte del material que tiene la fiscalía, y considera como prueba que da lugar a constatar el hecho que denunciamos, y que abre la etapa de elevación a juicio de estos integrantes del Servicio Penitenciario”.
Violencia institucionalizada
“Por una parte, el fiscal habla de la institucionalización de esta práctica como algo habitual, denunciando que esto está mal. Por una parte, están las condiciones de estas prácticas a las cuales todos los presos somos sujetos. Por otra parte, están las condiciones particulares de mi detención. El mismo fiscal habla que no correspondía que, tanto Villegas como yo, estuviésemos alojados en ese pabellón porque, si se supone que es un pabellón de castigo, no habíamos tenido ninguna conducta de indisciplina. De hecho, éramos recién ingresados y directamente nos alojaron ahí”.
Seguimiento
“En mi caso en particular sufrí un servicio de inteligencia de parte de la Policía de Jujuy y, sin tener ningún antecedente, y tomando en cuenta el delito que me imputaban como un delito menor, haya sido directamente trasladado al Servicio Penitenciario. Y las posteriores (situaciones): en mi caso, me sacaron del penal, me llevaron por varias comisarías, volví a ingresar, y lo que no termina poniendo en consideración que esta forma de actuación de la Justicia, en connivencia con el poder político, no buscaba otra cosa que quebrantar mi voluntad y dignidad de manera que aceptase un juicio abreviado, por un delito que no he cometido, y con lo cual iban a cerrar una investigación sin ningún tipo de conflicto, algo que, evidentemente, no ha sucedido, porque siempre hemos tenido la voluntad y dignidad de saber que no cometimos, en mi caso, ningún delito”.
Los imputados
“Desconozco detalles de la situación laboral de los imputados, solo la procesal, porque están imputados. Nos parece importante remarcar que la investigación que está cerrando la fiscalía pone el foco en agentes del Servicio Penitenciario. Pero si el fiscal reconoce que es una práctica habitual, institucionalizada, y estamos de acuerdo con él en decir que eso no está bien, es ilegal y apremiante, cómo pude ser que la misma no esté en conocimiento de la máxima autoridad política que tiene a su cargo saber todo lo que pasa en el penal, como es el Ministro de Seguridad, Corro. Dada la severidad y magnitud de la situación, en la que se lleva a 23 agentes a juicio, el Gobernador de Jujuy debería pedir la renuncia de Corro porque hablamos de una institución bajo su órbita y supervisión, y es una práctica, como dice el fiscal, que no es particular de este momento, de la situación que nos tocó pasar, sino que viene pasando. Los presos mismos dieron cuenta que es algo que viene pasando con mucha anterioridad”.
Giro de la justicia
“Cuando estaba detenido e hice pública la carta, se presentaron agentes del Ministerio a tomar nota de la denuncia que hice y me entrevistaron en la oficina del director del penal, donde corroboré todo lo dicho y lo afirmado en la carta. Sin embargo, posteriormente el propio Servicio Penitenciario, con anuencia del ministro Corro, sale a desmentir todo esto. Tiene muchas aristas y explicaciones: una de ellas, seguramente, la relevancia que tomó el caso a nivel nacional, con lo cual se hace insostenible para la justicia y el gobierno de Jujuy seguir ocultando lo que pasa en la provincia. En informes de 2022 y 2023 del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, se da cuenta de las condiciones de detención que tienen los presos en Jujuy, donde no solamente no se cumplen los estándares estipulados a nivel nacional que dan cumplimiento a estándares internacionales, que da cuenta de las prácticas de humillación, torturas y vejámenes que sufren los presos, condiciones que es necesario poner bajo la luz, iniciar los procesos correspondientes. Con posterioridad a la fecha en que fui liberado, el ex gobernador de Jujuy dio una serie de conferencias que son de púbico conocimiento, las entrevistas con periodistas y una nota en un diario de tirada nacional, donde afirma que miento en relación a la condiciones de detención, que me estoy tratando de victimizar, que eso no fue así porque él mismo, como si todavía fuese el dueño de la cosa, porque así se mueve el ex gobernador, dijo: “yo mismo hablé con el director del penal, con el ministro, y nada de lo que dice Morandini es cierto, solo busca victimizarse”. Hoy, 20 días después, la Justicia, luego de un proceso de investigación, da por cerrada la misma porque considera que tiene los elementos probatorios para afirmar lo que denunciamos para sostener la acusación”.
Tapar el sol con un dedo
“Es hora de que el gobernador Sadir tome cartas en el asunto. Lo escuché en declaraciones públicas desconociendo o tratando de desconocer lo que sucedía con nosotros y con la situación y la causa, y sin embargo, la Justicia acaba de elevar a juicio a 23 agentes del Servicio Penitenciario. Eso no se puede desconocer, menos aun cuando el fiscal dice y afirma que esta es una práctica institucionalizada dentro del Servicio Penitenciario, con lo cual es urgente que tome medidas en el asunto. Una de las primeras que solicitamos es el desplazamiento de toda la cúpula del Servicio Penitenciario que actuó en ese momento, como también del actual Ministro de Seguridad de la provincia”.
Rechazando ofertas de la justicia
“Estando en el penal siempre fui consciente que la situación que estaba atravesando, además de injusta y excesiva, buscaba una práctica que también institucionalizó de mala manera el gobierno de Jujuy, que es el adoctrinamiento y disciplinamiento de la sociedad en su conjunto. Nunca estuvo en mi voluntad aceptar ninguna oferta de la Justicia jujeña, donde pedían que acepte una culpa para tener una pena mucho más leve. Además, sabiendo que, si aceptaba eso, iba a sentar un precedente que sería perjudicial para el conjunto de la sociedad, porque se está aceptando y sentando un precedente de estar preso por haber comentado algo en una red social. Eso abría la posibilidad de que muchas otras personas también pudiesen correr la misma suerte”.
Situación
“Con el tiempo me siento bien, conforme, en el sentido de no solamente no haber aceptado, sino de denunciar lo que me tocó vivir. No le corrimos el cuerpo a la situación. De hecho, cuando el fiscal Funes abre la etapa de investigación de oficio y me solicita tomar declaración voluntariamente, accedí. Estuve casi tres horas declarando en la fiscalía, de la situación que me tocó atravesar, y que además excede al pabellón. Denuncié toda la situación que vivimos en el penal. El fiscal Funes hizo foco en el pabellón 2; no me parece mal, pero la situación que atraviesa la población penitenciara es tremenda en todos los pabellones. Tiene que ver no solo con la desnudez, sino con la alimentación, salud, regímenes disciplinarios, sanciones”.
Preso político
“Bajo ningún punto de vista consideramos que esto termina con 23 encausados; sabemos que la situación que me tocó pasar fue política. Siempre me definí como preso político. Esto tiene un origen, una orden, que emana de las principales autoridades de la política jujeña, y seguiremos trabajando, presentándonos en las diferentes instancias que tengamos que hacerlo, hasta que el verdadero responsable político que llevó a esta situación a mí, mi familia y mis compañeros, sea identificado y sometido a la Justicia. Una investigación. Queremos saber quién dio la orden de que Nahuel Morandini vaya preso y esté bajo esas condiciones por 53 días, por un delito que no solamente no cometió, sino que además, con una medida totalmente excesiva, que vulneraba cualquier derecho humano”.
Daño irreparable
“No solamente es un daño que pasamos sino que seguimos atravesando, como familias y como grupo de amigos. Vivimos una instancia de permanente tensión sobre los acontecimientos que suceden en torno a esta causa y la otra en la que estoy imputado. Son 53 días que me negaron estar con mi familia, me alojaron y tuvieron en condiciones deshumanizantes. Bajo ningún punto de vista, jurídico, humano, merecía atravesar las situaciones que atravesé”.
