Desapariciones de mujeres en Jujuy: entre la apatía estatal y la urgente necesidad de acciones concretas

La falta de acciones concretas y de políticas públicas efectivas por parte del poder ejecutivo evidencia una grave falta de compromiso y empatía con quienes están sufriendo esta violencia.

Es imprescindible que toda la sociedad, los organismos y el Estado se unan para prevenir, intervenir y garantizar justicia y protección. La indiferencia no puede seguir siendo cómplice de este grave problema. La vida de las mujeres y la lucha contra la violencia de género necesitan urgentemente una respuesta real, profunda y efectiva.

Lo que llama la atención es el silencio recurrente del gobernador Sadir sobre estos temas que invita a pensar de que se trataría de una clara indiferencia sobre estos temas y que se agrava aún más por aparente falta de carácter para exigir a sus funcionarios respuestas sobre su gestión.

Cuando el Estado muestra una actitud de indiferencia frente a la desaparición de tantas mujeres por el motivo que fuera, es fundamental conocer cuáles son las respuestas y mecanismos legales que existen para hacer frente a esta problemática. En nuestro país, en muchos lugares, la ley establece medidas concretas para combatir la violencia de género y garantizar justicia, pero a menudo estas no se cumplen o son insuficientes ante la apatía institucional.

La comunidad, las organizaciones sociales y los medios de comunicación tienen un papel también importante en exigir que el Estado cumpla con su deber de proteger y preservar la vida de las mujeres, y no caer en la pasividad. La ley no puede ser solo papel: debe traducirse en acciones concretas, en justicia y en una respuesta rápida y efectiva. Cuando el estado falla, la sociedad no debe callarse; debe exigir justicia y cambios profundos para que esa indiferencia no arroje más víctimas.

Cuando hablamos de la desaparición de mujeres y de la aparente indiferencia de las instituciones, no podemos dejar de lado la cuestión del incumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos. La ley establece claramente que los funcionarios y empleados públicos tienen la obligación de actuar con pasión, diligencia y en cumplimiento de sus funciones para proteger la vida, la integridad y los derechos de las mujeres. Cuando estos incumplen sus deberes, por negligencia, omisión o complicidad, están cometiendo una falta grave que, en muchos casos, puede configurarse como un delito.

Será este el caso del Consejo de la Mujer, liderado por la militante radical Lourdes Navarro que, por lo que se ve su gestión, no estaría a la altura de las circunstancias.

En este sentido, cualquier ciudadano, víctima o familiar de una víctima, tiene el derecho y la obligación de denunciar ante las autoridades correspondientes. Esto puede hacerse en la policía, en fiscalías o en órganos de control. También es fundamental que las propias instituciones, como los organismos de derechos humanos, las defensorías y los organismos de control administrativo, realicen auditorías, investigaciones y denuncien posibles irregularidades o incumplimientos por parte de los funcionarios.

Si frente a una denuncia no hay respuesta institucional, la presentación puede hacerse también ante organismos nacionales e internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que puede exigir acciones y sanciones para garantizar la protección de los derechos de las mujeres.

No debemos olvidar que la denuncia es un acto de justicia y de protección, y que todos tenemos la responsabilidad de exigir que los funcionarios cumplan con sus deberes. la indiferencia solo alimenta la violencia y dejan a las víctimas sin justicia. La lucha contra el femicidio y la violencia de género requiere actuar con compromiso, denunciando cualquier incumplimiento y exigiendo que las instituciones responsables cumplan con su deber de proteger a quienes están en riesgo.