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Impresionante operativo de desalojo a una familia jujeña en Los Nogales

La misma ocupa un espacio en litigio con un ex intendente capitalino, que reclama ser propietario. Esta mañana se desplegó un operativo de desalojo de estas personas.

  • Las tierras que ocupa la familia Canchi en Los Nogales volvieron a ser tema de controversia con un nuevo operativo de desalojo desplegado.
  • Desde hace años, el espacio es pretendido por un ex intendente de San Salvador de Jujuy, a quien la justicia rechazó reclamos previos al respecto.

Los predios donde se encuentra la familia Canchi en Los Nogales volvieron a ser motivo de controversia este viernes cuando un operativo policial más acorde a la cobertura de una final de la Copa del Mundo se desplegó para desalojarla del lugar.

Lo que se sabe de este espacio es que estaría siendo ocupado por la familia antes mencionada desde hace más de 70 años; el lugar en Los Nogales era pretendido por el ex intendente de Capital, José Luis Martiarena, quien viene accionando para ello aproximadamente desde 2014.

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En los últimos días, de acuerdo a miembros de la familia, algunos drones sobrevolaron el lugar, precediendo la llegada de abogados, jueces y policías, quienes “no tienen que notificar el desalojo; esto viene de hace años, el desalojo es venir y desalojar. Solo comunicamos lo que va a pasar. Venimos a hacer nuestro trabajo”.

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Si bien se confirmó que el espacio ocupado por Teresa Canchi es de su propiedad, los terrenos que ocupan sus hijos son los que reavivaron el conflicto: la justicia habría determinado que las tierras pertenecen a Martiarena, por lo que se ordenó el desalojo.

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Antecedentes

La tierra en disputa está en posesión de Teresa Canchi y su familia, desde hace más de medio siglo. Habría sido ocupada por su padre, Serafín Canchi, en 1946. El primer fallo en contra de Martiarena fue emitido el 4 de diciembre de 2014 por el juzgado de primera instancia Civil y Comercial de Jujuy, cuando los jueces dieron por acreditada la tenencia de la finca a Canchi, reconocieron la validez del pedido de prescripción adquisitiva y rechazaron la demanda del legislador. La decisión fue confirmada por la Cámara de Apelaciones el 29 de junio de 2015 y por el Superior Tribunal de Justicia el 7 de noviembre de 2016.

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