Desalojo en Humahuaca: "Hubo un despliegue represivo desproporcionado"
La diputada provincial Natalia Morales repudió la actuación de la Policía y el Ministerio de Seguridad durante el operativo en la comunidad de Santa Rosa. Confirmó que presentaron pedidos de informe en la Legislatura y cuestionó el silencio del oficialismo ante las violaciones de derechos humanos.
- Repudio legislativo: La diputada Natalia Morales criticó el accionar policial en la comunidad Santa Rosa de Humahuaca y presentó pedidos de informe.
- Desalojo violento: Denunció un operativo desproporcionado con detención de menores y heridos.
- Intereses cuestionados: Vinculó el accionar policial con intereses inmobiliarios, turísticos y el avance del negocio vitivinícola.
En la última jornada de lunes, se dio un violento desalojo en una comunidad originaria de Humahuaca. Integrantes del pueblo Santa Rosa denunciaron un desproporcionado operativo policial con gases lacrimógenos y disparos a corta distancia.
Tras el derribo de las casas con maquinaria pesada, acudieron a la fiscalía para radicar la denuncia y exigir respuestas sobre el paradero de varios niños de entre 1 y 7 años.
Crecen las críticas al desmedido dispositivo policial
La repercusión sumó un nuevo capítulo con las declaraciones de la diputada provincial del Frente de Izquierda, Natalia Morales, quien confirmó la gravedad de los procedimientos ejecutados por la Infantería y la Policía provincial, incluyendo la demora de menores de edad y agresiones directas a los pobladores.
Según detalló la legisladora, durante la jornada se constataron al menos ocho personas detenidas —entre ellas mujeres que fueron separadas de sus hijos— y múltiples heridos con balas de goma disparadas a corta distancia y al rostro, un procedimiento prohibido por los protocolos vigentes.
"Fue un despliegue desproporcionado de efectivos para llevar adelante un desalojo ordenado por un juez con antecedentes de desconocer derechos indígenas. Incluso los niños estuvieron detenidos junto a sus madres antes de ser liberados por la noche debido a la enorme presión social", denunció Morales al dialogar con Radio 2.
Para la representante del FIT, el avance de las fuerzas de seguridad sobre los terrenos comunitarios de la Quebrada no constituye un hecho aislado ni un mero litigio entre particulares, sino que responde a intereses inmobiliarios y turísticos en ascenso dentro de la región. Morales vinculó la celeridad y la violencia de los desalojos en la zona con el avance del negocio vitivinícola de las bodegas, proyectos inmobiliarios de capitales extranjeros y la traza de expansión del Tren Solar.
Cuestionó tanto al Ejecutivo provincial como a la Intendencia de Humahuaca por "dejar hacer" y no intervenir para prevenir la violencia y garantizar la contención de los niños que presenciaron la destrucción de las viviendas.