Alta demanda por violencia de género: piden más recursos para los centros de atención

• Alta demanda: Alertan sobre la escasez de psicólogos y abogados estables para atender casos de violencia de género en Jujuy.
• Centros de atención: Reclaman mayor asignación presupuestaria para los centros de atención integral, especialmente en el interior provincial.
• Atención fragmentada: Señalan la discontinuidad en la atención a niños y la falta de articulación con salud mental y el sistema judicial.

En el marco de las proyecciones y debates en torno al próximo presupuesto provincial, organizaciones comunitarias e integrantes del Consejo Provincial de la Mujer encendieron las alarmas sobre el crítico estado de las áreas destinadas al abordaje y erradicación de la violencia de género en la provincia de Jujuy.

El reclamo central exige un incremento real y efectivo en las partidas financieras para dar respuesta a la creciente demanda de asistencia en casos de emergencia que atraviesan cientos de mujeres en la provincia.

La problemática fue expuesta por Carolina Apaza, referente de la organización territorial Red de Vecinas e integrante ad honórem del Consejo Provincial de la Mujer, quien remarcó que las falencias operativas continúan reproduciéndose por la escasez de fondos dedicados a la contención directa. En ese contexto, sostuvo que "siempre se aborda más la prevención, pero donde hay una demanda más alta justamente es en la atención urgente en los centros de atención integral".

Precarización laboral y falencias en los centros de atención del interior

Uno de los puntos más críticos señalados por las organizaciones sociales es la insuficiencia de personal técnico interdisciplinario en los Centros de Atención Integral, una situación que se agrava de manera dramática en las localidades del interior, como las comunidades situadas en la zona de la Quebrada. En muchos de estos espacios, los equipos no están consolidados de forma permanente, lo que obliga a la rotación constante de los trabajadores o deja los puestos vacantes durante episodios de crisis.

Al referirse a la desprotección que sufren quienes acuden a solicitar asistencia en zonas alejadas de la capital provincial, Apaza graficó las dificultades que afrontan las víctimas cuando intentan conseguir un turno o un seguimiento constante:

"En el interior de la provincia hemos acompañado ciertas situaciones en la Quebrada y obviamente los profesionales se tienen que movilizar. Pasa que no está en ese momento la abogada o la psicóloga no está, y las mujeres ante una situación de extrema vulnerabilidad se ven desganadas. En varios centros los profesionales se van turnando por día y cuando surge la emergencia no están. La alta demanda no la pueden sostener y además hay profesionales que se sienten explotados de trabajo y precarizados".

Discontinuidad con la niñez y desatención en salud mental

La representante de la Red de Vecinas hizo hincapié en la falta de respuesta integral cuando los episodios de violencia involucran al grupo familiar completo. Actualmente, el Consejo Provincial de la Mujer únicamente aborda de forma directa la agresión ejercida hacia la mujer, derivando a los niños a otros organismos provinciales que operan de manera fragmentada y sin los tiempos que exige la urgencia.

Refiriéndose a la frustración de las víctimas tras ser derivadas de una oficina a otra sin encontrar respuestas unificadas, la entrevistada explicó los límites institucionales con los que tropiezan a diario:

"Ha aumentado y se ha sostenido una temática específica en cuanto a la violencia entre exparejas donde tienen menores en común. Ahí hay otro dilema, porque el Consejo solo aborda la situación de violencia hacia la mujer y en el caso de actuar con los menores se deriva a otra institución. Las mujeres no consiguen del todo obtener a lo que van, que es una respuesta fehaciente a su necesidad".

A esta fragmentación institucional se le suma el colapso del sistema público de salud mental en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), donde los turnos psicológicos sufren demoras prolongadas y existe una marcada falta de articulación con el ámbito judicial.

Para finalizar, Apaza instó a los legisladores a revertir la mezquindad de recursos en el nuevo ejercicio presupuestario y enfatizó la necesidad de capacitar a todos los operadores estatales: "Pedimos que en todas estas áreas de los distintos ámbitos judiciales y de salud haya realmente profesionales con perspectiva de género, porque eso es algo muy importante y prioritario para resolver las urgencias".