El gobierno demora un acto clave de transparencia
Con su llegada al poder, el gobierno que encabeza Gerardo Morales introdujo una modificación clave en materia de transparencia: la obligación para todos sus funcionarios de mostrar públicamente su patrimonio. Esta decisión marcó un notorio contraste con su antecesor, Eduardo Fellner, cuyo gobierno se negó sistemáticamente a avanzar en medidas de este tipo.
Ese gesto, sin embargo, se vio opacado en los últimos días.
Pese a que la última prórroga emitida formalmente por la Oficina Anticorrupción de Jujuy venció el 13 de julio, ni el gobernador, ni su compañero de fórmula Carlos Haquim, ni ninguno de los 12 ministros que lo acompañan en la gestión provincial cumplieron con la obligación de actualizar la información respecto a los bienes que poseen.
El dato genera especial interés ya que permitiría conocer cuál ha sido la evolución patrimonial de los funcionarios, eventualmente conocer si se han enriquecido, y, en tal caso, si esto se ha dado en forma lícita.
Si bien la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) emitió una resolución prorrogando el plazo para la presentación de las DDJJ ante el fisco nacional, en la provincia no se conoció ningún otro acto administrativo distinto al que colocó al viernes 13 de julio como fecha límite.
En consecuencia, se entiende que los funcionarios provinciales tenían la obligación de mostrar su situación patrimonial actualizada hace 13 días.
De hecho, en el sitio oficial de la Oficina Anticorrupción puede verificarse que funcionarios de menor jerarquía ya han realizado el trámite, declarando sus bienes personales hasta el año 2017, como exige la ley de ética pública vigente en la provincia.
Un repaso por la web que expone el patrimonio de los funcionarios, muestra que las últimas publicaciones referidas al patrimonio de los ministros corresponden al año 2016.
Meses atrás se había desatado un fuerte cruce entre referentes gremiales y funcionarios sobre los abultados sueldos y la falta de rendición de cuentas.
Vale destacar que un grupo de empleados estatales fueron sancionados a mediados de junio debido a la negativa a presentar las DDJJ. La reducción del 20% sobre el salario está comprendida dentro de la Ley 5887 tras la modificación de la Ley de Ética Pública.