En este marco, la diputada nacional, Gabriela Burgos se refirió a las dos marchas que se realizaron en el Congreso que evidencian las diferentes posturas. Por un lado, un grupo de personas con carteles de la Tupac se hicieron presentes. Por el otro, autoconvocados expresaron su repudio en contra de la intervención en la provincia de Jujuy.
En este sentido, la diputada se refirió a la presencia de la organización Tupac Amaru, que evidenciaría la “letra interna a la liberación de Milagro Sala”. Además explicó, que tanto senadores como diputados de Jujuy, trabajan en ordenar la documentación y mostrar a los legisladores la secuencia de hechos con pruebas contundentes.
“Este es el lugar donde uno puede refutar o explicar”, indicó la funcionaria.
“No se puede refutar la prueba de la cantidad de casas que no fueron construidas, las casas que se han deteriorado, esas son pruebas irrefutables. El manejo del dinero, como era la cadena de defraudación que se cometió en la provincia de Jujuy. Como había desaparecido la figura del Instituto de Vivienda, todo eso hay que explicarlo”, arremetió Burgos.
La iniciativa presentada por Snopek también pone en discusión el aumento de la cantidad de integrantes del Superior Tribunal de Justicia, la creación del Ministerio Público de la Acusación -dejando de lado el accionar del fiscal Alejandro Ficoseco- y la situación del magistrado Baca, quién fue denunciado por un supuesto caso de violación en la provincia.
Al respecto, habló que el artículo 155 de la Constitución Provincial habilita a la ampliación de los miembros Superior Tribunal. En relación a los miembros, sostuvo que hay una idea de que las personas que formaron parte de un partido político a lo largo de su vida no pueden acceder a estos cargos, lo que calificó como “la anti política”.
Yo creo que en nuestro país no existen personas que estén ocupando algún cargo que no hayan transitado por la política. Yo creo que en nuestro país no existen personas que estén ocupando algún cargo que no hayan transitado por la política.
Una de las críticas de la diputada se centró en que en ningún momento se transmitió cual iba a ser la metodología que va a utilizar la comisión. Fue sobre el final que se resolvió el dictamen y la confección de un cronograma teniendo cómo fecha máximo el 31 para terminar de presentar las pruebas.
