Cuando se gobierna desde la ilegalidad, la ley deja de ser el límite del poder

Las consecuencias jurídicas de este escenario son devastadoras porque se rompe la regla de oro de la democracia: la previsibilidad. Si las leyes se adaptan a la necesidad del poder de turno, lo que hoy es legal mañana puede no serlo, generando un vacío de legalidad que deja a los ciudadanos en una intemperie institucional total.

Para citar algunos ejemplos, observemos cómo se dieron los aumentos a la plana mayor de la policía. El coronel Pulleiro hizo firmar, junto con el jefe de despacho de la Secretaría de Seguridad, un instrumento para el pago de esos fondos a un sector de la fuerza, pero ad referéndum del gobernador, quien es el jefe de la administración, y del jefe de Gabinete, encargado de distribuir las partidas. La acción administrativa impulsada por Pulleiro, en esos términos, no tiene existencia jurídica.

Otro caso que refleja esta situación es la toma de tierras de Finca El Pongo por parte de la empresa Cannava, sin realizar ninguna contribución al Hospital Zabala y ocupando predios cuya situación legal no está clara. También se recuerda el decreto firmado por Gerardo Morales en 2016 para la compra directa de maquinarias viales por 300 millones de pesos sin llamado a licitación, entre otros hechos que muchos consideran graves irregularidades administrativas.

Para la gente común, el impacto es directo y doloroso. Cuando la institucionalidad se degrada, el vecino pierde el derecho a la protesta, pierde la garantía de un juicio justo y, en última instancia, pierde la confianza en que el Estado está para protegerlo y no para disciplinarlo.

Tampoco es un dato menor el impacto sobre las inversiones. Se habla mucho del litio y del potencial minero de la provincia, pero los capitales internacionales son como el agua: buscan el camino de menor resistencia y mayor seguridad. Ningún inversor serio coloca su dinero donde el sistema judicial está bajo sospecha o donde las reglas pueden cambiar por un decreto firmado de madrugada.

La inseguridad jurídica es el principal repelente del desarrollo. Sin instituciones sólidas, Jujuy corre el riesgo de quedar aislada, convertida en un feudo donde solo prosperan los amigos del poder mientras la economía real se estanca. Gobernar desde la excepcionalidad puede servir para conservar el poder hoy, pero mañana el costo puede ser una provincia más pobre, más dividida y con una democracia debilitada.

En los sistemas institucionales sólidos —como los de Europa del Norte o los países con fuerte tradición republicana— un acto administrativo que bordea lo ilegal no se ve como una “picardía política” ni como una muestra de autoridad, sino como una señal de alarma frente a una posible corrupción sistémica. Allí la valoración es tajante: la legalidad no es una sugerencia, es el piso mínimo sobre el cual se construye la confianza pública.

En esas sociedades, la justicia no es un espectador ni un aliado del poder de turno, sino un árbitro con tarjeta roja en la mano. Saben que la seguridad jurídica es el activo más valioso de una nación y que gobernar por fuera de la ley es el camino más corto hacia el aislamiento y el empobrecimiento.

Por eso, el funcionario que firma algo contrario a derecho sabe que no tendrá red de contención y que enfrentará consecuencias políticas, sociales y jurídicas. Allí se entiende que el verdadero poder no es el que atropella la ley, sino el que se somete a ella para proteger al ciudadano común de los abusos de los poderosos.

Es, en definitiva, una cuestión de supervivencia institucional: o gobierna la ley para todos, o gobierna la voluntad de uno solo para nadie. Esa es la frontera que separa a las naciones que funcionan de aquellas que quedan atrapadas en crisis interminables.