Los usuarios no tardaron en expresar su bronca, repudiando el incremento y denunciando que el servicio es pésimo. A la par, organizaciones de defensa del consumidor cuestionaron la suba, tildándola de ilegal.
Como si la situación no fuera suficiente, desde este viernes Santa Ana comenzó a prestar servicio de líneas que pertenecían a Unión Bus, por un conflicto laboral post licitación.
Análisis y cuestionamientos
En diálogo con Radio 2, la concejal capitalina por el Frente de Izquierda, Keila Zequeiros, analizó la situación que atraviesan los usuarios y los trabajadores del sector en pleno proceso de transición empresarial.
Uno de los puntos centrales del reclamo radica en la figura de la Emergencia del Transporte, norma aprobada y prorrogada por el oficialismo en el Concejo Deliberante que faculta al Ejecutivo municipal a reajustar la tarifa de manera directa cada dos meses. "Sería lo lógico que la emergencia caiga una vez finalizada la licitación. No hay ningún tipo de justificación para andar subiendo el boleto cada dos meses", sentenció.
La legisladora local recordó que desde su bancada se presentó un proyecto para derogar la ordenanza que habilita estos incrementos automáticos, aunque la iniciativa aún no ha sido debatida en comisión. Según dijo, el oficialismo sostiene que el nuevo esquema licitatorio busca resolver los problemas estructurales del sistema, por lo que carecería de sentido mantener vigente la emergencia tarifaria.
Respecto a la paralización de recorridos registrada de forma reciente, la edil aclaró que no se trató de un paro convocado por los choferes, sino de una decisión patronal. "Hay un temor lógico por las fuentes laborales. A los trabajadores no les llegó una notificación oficial de traspaso con garantías de cobro de lo adeudado; solo circuló una comunicación en redes sociales para presentar documentación. No es la forma de manejarse cuando están en juego familias y el servicio a los barrios", sostuvo.
Finalmente, Zequeiros criticó la falta de intervención directa de las autoridades laborales y sindicales para encauzar el conflicto y garantizar el cumplimiento de las condiciones de trabajo. Frente al panorama que se vive en los barrios y en las cabeceras de las líneas, instó a buscar una salida de fondo: "El Concejo y el municipio han demostrado de qué lado están. Es momento de que nos unamos usuarios y choferes para poner un freno, o nos van a seguir llevando puestos. Un servicio tan esencial no puede quedar únicamente en manos de funcionarios y empresarios que lo ven como un negocio".
