La revista Noticias fue la primera en advertir el curioso plan que expuso hace ya cuatro días el gobernador Gerardo Morales para hacer respetar la cuarentena en Jujuy.
Con el título “Fachovirus”, cuestionó la intención del mandatario provincial de marcar aquellas casas en donde un integrante sea considerado sospechoso de haber contraído coronavirus, por tratarse de un exceso claramente estigmatizante.
La novedad luego se extendió por la mayoría de los medios de alcance nacional y hasta periodistas conocidos como Eduardo Feinman y Jorge Rial insinuaron una inclinación fascista en la idea del gobernador.
En consecuencia, Morales se vio obligado a pedir disculpas. Lo hizo primero a través de sus perfiles en redes sociales y luego durante la habitual exposición que hace por las noches en el Comité Operativo de Emergencia.
Cabe señalar que el mandatario intentó salir del brete en el que se encontraba lamentando haber utilizado la expresión “colocar fajas en las casas”. Sin embargo, durante la exposición del pasado domingo se observa cómo da a conocer un plan pensado, desarrollado y listo para empezar a ejecutarse, algo mucho más profundo que una simple expresión desafortunada.
El gobierno planea implementar un singular sistema de control desde el momento en que cuente con 70 mil test rápidos para conocer en un par de horas si una persona está infectada con coronavirus. Eso ocurriría en la última semana de abril, cuando llegue la compra que se realizó en Corea.
El mecanismo consiste en testear a quienes ingresen a Jujuy, enviarlos a sus domicilios, registrar sus teléfonos celulares y el de su grupo familiar para controlar a través de llamadas telefónicas y seguimiento satelital que todos se encuentren dentro del domicilio. Siete días más tardes se realizaría un segundo test. En caso de que ambos exámenes resultasen negativos, se levanta la cuarentena.
En ese plan, de estricta vigilancia con fuerzas de seguridad, es que el gobernador pensaba marcar o “poner una faja” en los domicilios señalados.
No sólo eso. Había una intención deliberada de que los vecinos estén atentos a lo que ocurriera en esa vivienda “para que ayuden a controlar”.
De manera que no se trató sólo de una frase, si no de una concepción de los límites de la autoridad claramente excedida, que el gobernador sólo pudo advertir luego de recibir el rechazo social.
Tras retroceder, Morales no dio detalles de cómo seguirá el mecanismo ideado, pero al parecer la idea sigue en pie, pues inmediatamente después de pedir disculpas el mandatario defendió su voluntad de ser riguroso en el control.
No es simplemente el sentido común lo que indica que exigir responsabilidad no autoriza a escrachar ni estigmatizar a una persona por padecer una patología o por la posibilidad de padecerla.
La medida que había preparado el gobierno además sugiere la violación de al menos dos leyes.
Según explica la delegada en Jujuy de la ONG Usuarios y Consumidores Unidos (UCU), Patricia Tabera, las personas que cumplen cuarentena por la posibilidad de haber contraído COVID-19, son considerados pacientes.
Como tales, están amparados por la ley 25.326, de protección de datos personales.
En su artículo 1, dicha norma resalta que su objeto es “la protección integral de los datos personales asentados en archivos, registros, bancos de datos, u otros medios técnicos de tratamiento de datos, sean éstos públicos, o privados destinados a dar informes, para garantizar el derecho al honor y a la intimidad de las personas”.
Además, indica la letrada, los pacientes son también usuarios del sistema de salud, por lo que están protegidos por la ley 24.240, de defensa del consumidor, que en su artículo 8 señala: “Los proveedores (…) deberán abstenerse de desplegar conductas que coloquen a los consumidores en situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias”.
“La medida no puede ser llevada a cabo simplemente porque es contraria a la ley”, agrega Tabera.
De manera que el gobernador y su equipo, al momento de pensar la polémica disposición, no sólo no advirtieron el riesgo de una condena social liviana e injustificada, tampoco sopesaron los límites legales de su decisión.
El gobernador ya pidió disculpas y eso es saludable. No queda del todo claro, no obstante, si comprendió acabadamente porqué debió pedirlas.
