En entrevista que brindó a Sobremesa Gustavo Gómez, ex fiscal federal, abordó la grave falta de rendición de cuentas por parte de las autoridades gubernamentales, especialmente en lo que respecta al uso de los recursos públicos y el impacto de la minería en provincias como Jujuy.
El control ciudadano sobre el uso de los recursos públicos y la minería
Gustavo Gómez, ex fiscal federal, detalló cómo las querellas penales pueden ser una herramienta clave para controlar el uso indebido de los recursos públicos. Además, advirtió sobre la falta de cumplimiento de sentencias en el ámbito ambiental en Jujuy y subrayó la creciente preocupación social por la actividad minera en el norte del país.
El abogado destacó la importancia de la querella penal como una herramienta legal para que los ciudadanos puedan exigir que los fondos recaudados a través de tasas municipales sean utilizados para el fin específico para el cual fueron cobrados, algo que ha sido un tema recurrente en la historia judicial. Gómez recordó su experiencia en la provincia de Chubut, donde se utilizó este instrumento en un caso relacionado con la recolección de residuos, obligando al municipio a rendir cuentas sobre la distribución de los fondos. “Cuando el servicio no es prestado, el municipio tiene la obligación de rendir cuentas, y la querella penal es una excelente herramienta para hacerlo”, enfatizó.
Asimismo, el ex fiscal reflexionó sobre la situación ambiental en Jujuy, particularmente sobre la problemática en la reserva natural de Calilegua. En este contexto, señaló que el gobierno provincial aún no ha cumplido con las órdenes de la Corte Suprema de Justicia de reparar los daños causados por la contaminación de los pozos petroleros. "No hay avances concretos en el proceso de remediación", expresó, subrayando que el cumplimiento de las sentencias depende de los abogados que defienden a los demandantes y la presión de las comunidades.
El doctor Gómez también se refirió a la creciente actividad minera en el norte del país, particularmente en Jujuy, y cómo las comunidades locales sufren las consecuencias, como la falta de transparencia en las regalías por el litio. Según Gómez, las autoridades deben ser más abiertas sobre las ganancias generadas por la minería y cómo estas benefician a las comunidades. "Hay un silencio total cuando se solicita información sobre los recursos generados por la minería, mientras las regalías millonarias no derraman beneficios hacia la sociedad", aseguró.
El ex fiscal remarcó que la falta de rendición de cuentas es un problema estructural en la política argentina, donde muchas veces la política y las empresas poderosas ejercen presión para que no se cumpla con las leyes. Sin embargo, aseguró que las herramientas legales existen, como el tratado internacional de Escazú, que obliga al Estado a dar respuestas a los ciudadanos sobre los ingresos derivados de las actividades extractivas.
Gómez también puso de relieve el miedo que sienten los ciudadanos a enfrentar a grandes empresas como las mineras, especialmente cuando las comunidades no cuentan con los recursos necesarios para hacer valer sus derechos. En su opinión, este temor se ve agravado por el desequilibrio en los recursos legales entre el ciudadano común y los grandes actores económicos.
Finalmente, el doctor Gómez recalcó la necesidad de recuperar la "educación cívica" para que los ciudadanos comprendan sus derechos y cómo pueden defenderlos, utilizando herramientas legales como el habeas corpus, pedidos de informe y la participación activa en la vida pública. “La tarea no solo recae en las organizaciones no gubernamentales, sino también en el periodismo y la sociedad en general”, concluyó.
El doctor Gustavo Gómez resaltó que, a pesar de los desafíos, es posible generar un cambio a través de la acción ciudadana, la presión judicial y la formación cívica para exigir que el Estado cumpla con sus responsabilidades y dé cuenta de la gestión de los recursos públicos.