Comunidades y gobierno, enfrentados por el litio
Argumentan que el gobierno no cumplió con los estándares y leyes internacionales sobre los derechos indígenas, al permitir el concurso de oferentes para la exploración y factibilidad de proyecto minero en las zonas exclusivas de interés de Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (J.E.M.S.E) ubicadas en Salinas Grandes, Laguna Guayatayoc y Salar de Jama.
En el año 1992, el Congreso de la Nación aprobó a través de la ley 24071 el Convenio 169 de la OIT que establece que los gobiernos deben realizar consultas previas, libres e informadas antes de adoptar cualquier decisión que pueda afectar a los pueblos indígenas. Hasta hoy, Jujuy no reglamentó este procedimiento. A la hora de aprobar los proyectos mineros, actualmente en Jujuy sólo se aplica el decreto 5772, que dictó en 2010 Eduardo Fellner y que establece el procedimiento de protección ambiental para la actividad.
En el año 2016, apenas asumió la gobernación, Gerardo Morales se reunió junto a ministros con las comunidades originarias en la localidad de San Francisco de Alfarcito. Allí se comprometió a aprobar por decreto el Kachi Yupi, también conocido como “Huellas de la Sal”. Se trata de un protocolo que elaboraron las propias comunidades, en un proceso participativo y que establece de qué manera se deben realizar las consultas para que se cumplan con los derechos de los distintos pueblos. Esto no se cumplió.
Las consultas a las comunidades deben realizarse antes de iniciar algún proyecto de exploración minera, no después.
El gobierno anunció mediante un comunicado que recibirá a las comunidades en capital este martes. Sin embargo, miembros de la asamblea de la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc reiteraron que ningún representante se hará presente y esperan que el gobernador “dé la cara” en la Puna mañana, como habían pactado con anterioridad.
Una vez más, el Ejecutivo es blanco de críticas por la falta de sensibilidad social y previsión.