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Todo bajo sospecha

La Municipalidad ha puesto en marcha, solo para darle un nombre, un supuesto proceso de licitación para el servicio de Higiene Urbana en la Ciudad.

Lo curioso es que en un mes pretenden hacer el trabajo que en cualquier lugar medianamente civilizado puede demandar un año de labor. Los pliegos ingresaron el día de ayer al Concejo Deliberante para adjudicar el servicio dentro de 30 días.

En realidad, una vez más la municipalidad arma este nuevo relato cuando es un secreto a voces que estamos en presencia de un proceso absolutamente amañado y sospechado.

Es impensado que en esta Jujuy, la de Gerardo Morales, existe la más mínima intención de hacer un proceso licitatorio tranparente, participativo y despejado de toda sospecha.

Las sociedades políticas y de las otras, que tanto daño le están causando a Jujuy y a las futuras generaciones siguen más vigentes que nunca, Morales es Rivarola, y no lo disimulan.

La puesta en marcha de un sistema eficaz de contratación pública basado en la transparencia, la competencia y la integridad no es tarea sencilla, hace falta primero una decisión política de terminar con el saqueo a la provincia y a los jujeños, los equipos técnicos necesarios que esta administración aborrece y por ultimo un verdadero esquema de participación ciudadana, no sirve el sainete de las audiencias públicas por e-mail.

Un sistema de contratación que carezca de transparencia y competencia es el caldo de cultivo ideal del comportamiento corrupto; es por ello que los tratados internacionales más importantes de lucha contra la corrupción y de contratación pública descansan firmemente en estos principios fundamentales a fin de desalentar la corrupción.

Desde Naciones Unidas, hace un tiempo largo vienen trabajando con los países miembros en la puesta en vigencia de protocolos para desalentar la corrupción, a punto tal que conformó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, este instituto de la ONU, exige el establecimiento de sistemas apropiados de contratación pública basados en los principios fundamentales de transparencia, competencia y criterios objetivos de toma de decisiones.

Conforme a las reformas requeridas por la Convención, los Estados miembros y que tomaron alguna decisión de avanzar en la lucha contra la corrupción, han codificado y publicado sus reglamentaciones de contratación, aumentado la previsibilidad y la transparencia de sus procesos de contratación.

Estas reformas han facilitado la supervisión de la contratación pública y la participación en ella por la sociedad civil. Otros Estados han avanzado mucho más y han establecido sistemas de contratación electrónicos de gran eficacia para aumentar la transparencia.

Para la ONU existe la presunción de que una vez que la corrupción irrumpe en un proceso de contratación, la adjudicación ya no se basa en la obtención del mayor grado de valor para la comunidad.

Asimismo los Estados interesados en terminar con la corrupción han reforzado sus normas relativas al comportamiento ético en la contratación, tanto para los funcionarios públicos como para los contratistas.

Entre las metas previstas en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, está la de aumentar la rendición de cuentas en los sistemas de contratación, muchos son los Estados que han sancionado y excluido a los contratistas corruptos y fraudulentos.

Es importante tener presente que los fondos que desembolsa una entidad de contratación no son los suyos propios sino los de los contribuyentes fiscales, en este caso de Higiene Urbana, el contribuyente jujeño se hace cargo de un contrato que no solo no firmó, sino que tampoco aprobó ni participó.

Es por ello que, a la hora de adquirir servicios, los gobiernos tienen la obligación de tratar únicamente con empresas que ofrezcan la mejor relación entre calidad y precio, cosa que para nada se estaría dando en Jujuy en esta nueva adjudicación.

El mero volumen de esa contratación pública es lo que la hace especialmente vulnerable a la corrupción.

Si bien es difícil medir los costos derivados de la corrupción debido al carácter clandestino de esta actividad, es evidente que la corrupción en la contratación pública tiene una enorme repercusión negativa en el gasto público y en los escuálidos bolsillos de los vecinos de la ciudad.

Esos costos se deben en particular a que la corrupción en la contratación pública atenta contra la competencia en el mercado e inhibe el desarrollo económico.

La resultante distorsión del mercado hace que los gobiernos tengan que pagar un precio artificialmente elevado por los bienes, servicios y obras que requieren.

Según varios estudios, elaborados por Naciones Unidas y diversas entidades públicas y privadas, es probable que entre un 10% y un 25% del valor de un contrato público se pierda como consecuencia de la corrupción.

Si se aplica este porcentaje al total del gasto público por concepto de contratación pública, se constata una pérdida anual de miles de millones de dólares en este sector debido a la corrupción.

El volumen y la complejidad de una determinada contratación son elementos importantes en el contexto de la corrupción. Las contrataciones más cuantiosas suelen ser las más vulnerables, dado que en tales casos es frecuente que se exija y se pague un soborno equivalente a un cierto porcentaje del valor del contrato.

En el mundo ya está más que claro que la existencia de empresas corruptoras causa un daño incalculable no solo a las arcas públicas, ya que trasladan el costo de las coimas al precio final de lo que suministran, sino también a las empresas que actúan legalmente y se niegan a pagar comisiones, primas o sobres.

Las empresas que no corrompen sufren la competencia desleal de quienes sí lo hacen y resultan gravemente perjudicadas, además acaban desistiendo de cualquier participación, una vez que comprueban que las mismas firmas se adjudican siempre los contratos, las buenas empresas se retiran de la competición. Son las empresas y sus instituciones quienes deberían rechazar y denunciar las prácticas de las que compiten deslealmente.

Estamos ante un grave perjuicio para el sistema democrático y para el tejido social y empresarial. A un drama que hay que corregir con celeridad.

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