El colectivo "Defendiendo Territorios" emitió un duro comunicado titulado “rechazando las barreras arbitrarias y discriminatorias de la Legislatura”.
Malestar de las comunidades con la Legislatura
Desde el espacio legal que acompaña a los sectores afectados calificaron la medida como una "payasada inconstitucional" que busca obturar el derecho legítimo a la petición ante las autoridades.
En diálogo con Radio 2, la abogada que representa a las comunidades, Silvana Llanes, detalló los reclamos del sector y cuestionó el desempeño de los legisladores provinciales: "La imposición de estos requisitos rígidos, como exigir actas de asamblea específicas para pedir una reunión, vulnera un abanico de normas constitucionales e internacionales. Más allá de que seamos comunidades originarias, somos ciudadanos y el artículo 14 de la Constitución Nacional garantiza a todos el derecho de peticionar".
"Las comunidades tienen una organización interna legítima donde las autoridades son elegidas en asamblea general. Pretender meterse en su estructura interna para frenar el diálogo demuestra claramente que no quieren recibir a la gente que se opone a la venta sistemática de territorios y recursos naturales", agregó la letrada.
Asimismo, la letrada cuestionó la labor de la comisión parlamentaria y apuntó directamente contra la diputada provincial Angélica Castillo, señalando que los legisladores actúan como "meros gestores de mineras y negocios del Ejecutivo" en lugar de legislar a favor de los derechos de los pueblos indígenas respaldados por el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional y el Convenio 169 de la OIT.
