Alicia Chalabe: “tenemos audiencia por un amparo que presentamos, amparo ambiental por una autorización que se dio en la comunidad de Rinconadillas el 21 de junio, para un pedido de exploración de litio en tres minas, que abarca varias comunidades que forman parte de la cuenca de Salinas Grandes, y presentamos un pedido de información ambiental”.
“Pedimos una medida cautelar que suspendiera el procedimiento administrativo, a la que no se hizo lugar durante la feria”.
Embed - Comunidades denuncian exploración minera en lugares no autorizados
Clemente Flores (referente): “la información no llegó; tuvimos que concurrir a otras instituciones nacionales, como la universidad, para poder constatar lo que la empresa estaba haciendo y dónde, y hacer este informe. Nos llevó mucho tiempo conseguir la información y constatar que los trabajos y máquinas no están en Lipán sino en El Angosto, y en ningún momento se hizo consulta libre, previa e informada”.
Verónica Chávez (referente): “estos permisos individuales que se dan no pueden ser, porque la Corte Suprema dijo que es una cuenca única y se dan permisos individuales. Somos derechos humanos, queremos un ambiente sano. Estamos muy preocupados, no sabemos qué pasará con las futuras generaciones que vienen, con las familias que hoy están en comunidades y tienen discusiones. Se están desuniendo por lo que hacen las empresas, que no pueden hacer la consulta a las comunidades, el que tiene que estar es el gobierno. Las empresas no garantizarán nada, se llenarán los bolsillos y se irán. El gobierno se tiene que hacer cargo; aprueba el impacto ambiental y tiene que estar en las comunidades, no las empresas. Hacen todo al revés”.
Chalabe: “el gobierno autorizó, en el caso de la explotación de litio en Lipán, con empresa Panamerican, y se difunde información falsa, porque en todo momento se anuncia que solamente corresponde a la comunidad de Lipán. Se hizo venir este equipo de geólogos de la Universidad de Buenos Aires, hicimos un acta de constatación con un escribano de que las instalaciones, el campamento, el pozo de perforación y la construcción de las aguadas están en el territorio de El Angosto. Se autoriza en un lado y se construye en otro”.
“Es una cosa inédita que uno compre un terreno y construya en la casa del vecino. Además, hay un artículo en el Código de Minería que establece expresamente que no se puede comenzar ninguna actividad de exploración o explotación sin el consentimiento de los superficiarios, en este caso, quien los designa es la Secretaría de Pueblos Indígenas, que libra oficios donde se investiga quiénes son los superficiarios de esa mina, y en este caso, se pudo constatar esto. Además, hay un informe complementario a la ubicación de la mina y estas instalaciones que pudimos ver, sino también un informe complementario de lo que significa todo lo que se está haciendo: un terraplén, se modifica la entrada de agua a la cuenca, que es endorreica. Las provincias de Jujuy y Salta formaron un convenio para armar un comité de cuenca y hacer una exploración acumulativa. Todo esto se incumple, como en otro momento marcamos. Esto le presentaron las provincias a la Corte Suprema de Justicia de nación, no es que se nos ocurrió difundir una información que sacamos de alguna parte, sino que es algo que presentaron las provincias”.
“Se hicieron presentaciones en septiembre del año pasado. En Salta ya es ley desde marzo de este año, y en el caso de Jujuy entró el proyecto el 15 de mayo pasado a la Legislatura, y seguramente esto será muy importante de discutir en el futuro, porque vemos que están en tratamiento de esta ley RIGI, donde querrán quedar exceptuados, porque es lo fundamental que establece esta norma, este régimen de excepción a las normas locales. Pero esto fue el año pasado, así que en el caso de la Cuenca de Salinas Grandes, está protegida”.
“Cada uno los pedimentos y vulneraciones de derechos que se hicieron los denunciamos, pedimos información, hicimos amparos ambientales en el Juzgado Ambiental, y lamentablemente, en casi todos los amparos, la jueza Flores se excusa por razones de familia con un apoderado de las empresas mineras. Nos pasa esto, que estamos litigando en un juzgado que no está especializado. La razón de creación de juzgados ambientales era su especialidad en derecho ambiental. Estamos con el juez Puca, del Juzgado Civil y Comercial, y tenemos una audiencia”.
