Manifestando que cercenará “derechos humanos”, integrantes de comunidades indígenas pretenden que no se trate ninguna ley, ya que se podría “legalizar e institucionalizar el Ministerio Público de la Acusación. Los legisladores se habían comprometido a no tratar proyectos de ley relacionados a artículos reformados o introducidos recientemente”.
Comunidades contra el MPA: "Es el arma que usan para criminalizar"
También dijeron: “el Ministerio Público de la Acusación es el arma que utilizan, ejecutora, para criminalizar. No permitiremos eso. Pedimos a los legisladores que paren esto. No queremos una ley que legalice la mano ejecutora del gobierno”.
Aseguraron que permanecerán en la Legislatura reclamando “el libre derecho de protesta y de exigir a nuestros representantes que nos rindan cuentas. Hay muchas leyes más importantes que tienen que sacar, como el derecho a agua, y están ocupándose en cubrir al Poder Ejecutivo saliente. No queremos impunidad. Que paguen los responsables de violaciones a los derechos humanos y de la violencia institucional ejercida contra pueblos originarios y docentes”.
Con la modificación que denuncian, el Ministerio Público de la Acusación tendrá “muchas facultades que le dan un poder superior al que tiene ahora”, de acuerdo al sector que cortó rutas en Jujuy y fue a Buenos Aires a pedir la intervención de la provincia. “Si esto se legitima, los jujeños tendremos un Estado donde no tendremos derechos. Esta reforma tiene que caer”.
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