En este sentido, comentó que para garantizar la seguridad alimentaria "se activan comedores comunitarios, escolares y viandas además de la asistencia directa para garantizar que no falte un plato de comida a cada familia".
indicó que el Estado jujeño espera invertir en 2023 casi $10.000.000.000 en el Programa de Fortalecimiento Alimentario, indicando que trabajarán “en forma conjunta para tratar casos de vulneración de derechos".
Inversión en seguridad alimentaria según gobierno
"Convocamos a equipos interdisciplinarios de educación, salud, seguridad y la Secretaría de Infancia para poder articular cómo son los caminos de abordaje, que no ocurra jamás que un niño o adolescente o persona quede sin respuesta cuando denuncia una situación de vulneración de derechos".
También se refirió al servicio de Línea 102, recordando que “funciona las 24 hs; en julio y lo que va de este mes recibió 650 llamadas, muchas son de consulta pero aproximadamente el 70% son por vulneración de derechos, con violencia física, violencia moral, abuso sexual infantil, consumo problemático de sustancias, y negligencia por parte de quienes cuidan de niños, pero lo que más ocurre son las situaciones de violencia y negligencia".
Para profesionalizar los abordajes, dijo Garlatti, se discutió con personal de UNICEF y otras instituciones de los "Programas de Acogimiento familiar", para más de 60 niños y adolescentes que están en diferentes instituciones. El Estado, a través de la Secretaría de Protección, dispone medidas de protección cuando existe una vulneración. Cuando la medida no es suficiente se aplica una medida excepcional, que el niño sea retirado de su centro e ingrese a programas como el de acogida".
La realidad que contrasta
Por su parte, Natali Quispe encargada de comedores de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) aseguró que “el gobierno asegura llegar para romper la vulnerabilidad en barrios carenciados pero solo lleva ayuda para hacer el DNI o trámites personales”.
“En los barrios más humildes y carenciados las familias no tienen para comer. Muchas veces, en las escuelas donde se brinda un servicio alimentario, no se recibe nada y los docentes y porteros preparan merienda o almuerzo para que los niños tengan alimento”.
“Los comedores comunitarios siguen recibiendo una cuota por niño de $14,20 con un atraso de uno o dos meses”.
Referente de comedores desmintió datos del gobierno
“(Las autoridades) no nos dejan trabajar con libertad porque responden al gobierno, solo nos limitan a la comida, y trabajamos con la problemática del consumo de sustancias, terminalidad educativa y actividades deportivas”.
“Los puestos de salud dentro de los barrios han tratado de resolver distintas cuestiones. En la pandemia se notó la falta de recursos que tienen, sobre todo por la cantidad de familias que viven en los barrios más carenciados”.
“Hay niños que dependen de los comedores comunitarios para almorzar y merendar. Muchas veces el mismo Estado persigue a las familias y niños que reciben comida en más de un lugar. “Los que almuerzan en comedores escolares no deberían retirar comida de comedores comunitarios”, dicen, y no saben que lo que retira el niño es su cena”.
“Pedían que en nuestros listados incluyamos a madres que reciben la tarjeta alimentaria cuando es un beneficio nacional”.
“Hay varios comedores que no funcionan porque no nos alcanzan los recursos para sostener tantos comedores y platos de comida con la situación económica que atravesamos en todo el país. Nos supera la cantidad de familias que concurren”.
“El consumo de sustancias comienza entre los 9 y 10 años”.