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El Colegio de Abogados también rechazó la reforma constitucional

Autoridades de la institución comunicaron su intención de colaborar para introducir cambios positivos, aunque criticando las intenciones ejecutivas de prohibir cortes de ruta, entre otras cuestiones.

  • Autoridades del Colegio de Abogados emitieron un comunicado en el que se muestran de acuerdo en actualizar la Constitución provincial, aunque criticando iniciativas como prohibir el derecho a manifestar.
  • Sostienen su disposición a realizar aportes positivos a la Carta Magna provincial.

Autoridades del Colegio de Abogados y Procuradores de Jujuy fueron invitadas (como se expresa en un comunicado de la institución) por el presidente de la Comisión de Asuntos Institucionales de la Legislatura a tomar conocimiento del Proyecto de Declaración de Necesidad de una Reforma Constitucional. Manifestaron vocación de diálogo y participación en todas aquellas instancias que contribuyan al debate democrático, amplio y plural, relacionadas con el sistema de derecho, en general, y en particular sobre el proceso de declaración de una necesidad de reforma constitucional provincial.

También su compromiso de colaborar, en la faz técnica y jurídica, con la elaboración de normas cuyo tratamiento se encuentre a cargo del órgano Legislativo.

Todo proceso de reforma constitucional, marcan, debe enmarcarse en un contexto de consenso de todos los sectores políticos, económicos, sociales y culturales de nuestra provincia, no quedando limitado, exclusivamente, al ámbito legislativo.

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Además, celebraron el propósito de adecuación de la Constitución Provincial a las reformas incorporadas a la Constitución Nacional en 1994, pero expresaron estar preocupadas por la § prohibición de cortes de ruta, consagrar el régimen contravencional de la provincia y habilitar la ejecución directa para el cobro de multas por contravenciones que afecten la paz social, entre otras cuestiones.

Asimismo, se manifestaron en desacuerdo con el enfoque expresado por el proyecto respecto del narcotráfico, “calificado exclusivamente como un tópico de seguridad y subsumiéndolo en el discurso del “combate”. La denominada “guerra contra las drogas” es un modelo que ha fracasado en su promesa de terminar con la criminalidad organizada y que es responsable de violaciones a los derechos humanos en todos los lugares en donde se la llevó adelante”.

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En ese mismo documento consideraron importante establecer las bases para un mejor funcionamiento de la justicia, consagrando instituciones que garanticen su independencia y autonomía, y vieron con recelo “iniciativas como la de establecer una revisión periódica de los acuerdos de jueces, que importaría un retroceso, así como ceñirse estrictamente al modelo de “consejos de magistratura”, cuando en rigor sería más apropiado habilitar el tratamiento para la creación de un órgano destinado a la selección y evaluación de desempeño de jueces, con conformación multisectorial equitativa e independiente”.

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