También su compromiso de colaborar, en la faz técnica y jurídica, con la elaboración de normas cuyo tratamiento se encuentre a cargo del órgano Legislativo.
Todo proceso de reforma constitucional, marcan, debe enmarcarse en un contexto de consenso de todos los sectores políticos, económicos, sociales y culturales de nuestra provincia, no quedando limitado, exclusivamente, al ámbito legislativo.
Además, celebraron el propósito de adecuación de la Constitución Provincial a las reformas incorporadas a la Constitución Nacional en 1994, pero expresaron estar preocupadas por la § prohibición de cortes de ruta, consagrar el régimen contravencional de la provincia y habilitar la ejecución directa para el cobro de multas por contravenciones que afecten la paz social, entre otras cuestiones.
Asimismo, se manifestaron en desacuerdo con el enfoque expresado por el proyecto respecto del narcotráfico, “calificado exclusivamente como un tópico de seguridad y subsumiéndolo en el discurso del “combate”. La denominada “guerra contra las drogas” es un modelo que ha fracasado en su promesa de terminar con la criminalidad organizada y que es responsable de violaciones a los derechos humanos en todos los lugares en donde se la llevó adelante”.
En ese mismo documento consideraron importante establecer las bases para un mejor funcionamiento de la justicia, consagrando instituciones que garanticen su independencia y autonomía, y vieron con recelo “iniciativas como la de establecer una revisión periódica de los acuerdos de jueces, que importaría un retroceso, así como ceñirse estrictamente al modelo de “consejos de magistratura”, cuando en rigor sería más apropiado habilitar el tratamiento para la creación de un órgano destinado a la selección y evaluación de desempeño de jueces, con conformación multisectorial equitativa e independiente”.
